* Fiscal Javier Olea afirma que hubo errores del Ministerio Público y de la juez del caso por la liberación de la orden de aprehensión contra el legislador priísta antes de que fuera desaforado
* El magistrado Robespierre Robles justifica a la juez que lo hizo porque actuó a petición de la FGE
Redacción
El Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado se responsabilizaron mutuamente por la eventual violación al debido proceso que se habría cometido en contra del diputado local Saúl Beltrán Orozco, a quien se le acusa de cometer un homicidio en San Miguel Totolapan cuando era alcalde de ese lugar.
El fiscal del estado, Javier Olea Peláez, declaró a la agencia API que no solo fue la Fiscalía la que se equivocó en el proceso contra el diputado priista Beltrán, sino también la autoridad jurisdiccional, en referencia al juez que libró la orden de aprehensión en contra del legislador a pesar de que éste tiene fuero constitucional.
Olea reconoció que en este caso la FGE cometió un error que generaría que el proceso contra el legislador pirísta “se rezague”.
Añadió que “desafortunadamente, dos servidores públicos, uno de la Fiscalía y otro (de la autoridad) jurisdiccional, se equivocaron, no dieron parte a su superioridad. Si me hubiesen dicho, yo hubiera dado marcha atrás y entonces valorar si era necesario, prudente y jurídicamente viable solicitar el juicio de procedencia”, explicó.
Olea Peláez señaló que “como no se hizo así, pues iniciamos el juicio de procedencia” en contra de Saúl Beltrán en el Congreso del Estado, pero “el diputado se fue al amparo contra la orden de aprehensión de la juez, la Fiscalía por mi conducto le externó en un escrito a la juez que yo no podía cumplimentar la orden de aprehensión, tomando a consideración que el señor Saúl Beltrán es diputado local y tiene fuero constitucional”, añadió.
El fiscal puntualizó que como consecuencia de esto, cuando fue notificado por el juez de Distrito del amparo solicitado por Beltrán Orozco, negó el acto reclamado en virtud de lo anterior, porque no podía ejecutar la orden de aprehensión, dado el fuero constitucional con el que cuenta el legislador priista.
Consideró que dadas las circunstancias, el Congreso del Estado tendrá que esperar la resolución del juez de distrito. “En mi opinión, no debe resolver hasta en tanto no resuelva el fondo del amparo el juez de Distrito, en la inteligencia de que pueda haber recursos que se interpongan dentro del juicio de amparo”, destacó el fiscal.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Robespierre Robles Hurtado, adelantó que no habrá sanciones para la juez que libró la orden de aprehensión contra el diputado, porque no es un mal procedimiento y actuó a solicitud de la Fiscalía General del Estado.
El magistrado afirmó que el juez actuó conforme a derecho y “si existe alguna circunstancia se tendrá que hacer constar en autos en ese sentido”, puntualizó.
Robles Hurtado justificó que no podía señalar un error de la juez, porque actuó conforme a procedimientos, y si en determinado momento se está solicitando una orden de aprehensión, el juez de la causa habrá de analizar la orden y la habrá de librar de acuerdo a lo concerniente.
Añadió que en caso de que exista una irregularidad en el expediente, se hará constar en el mismo y se harán las pesquisas necesarias, “y si habría algunas circuncidas al respecto, se actuará con toda firmeza”. (Con información de API)