Gilberto Guzmán
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo y la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), informaron que de 953 personas inscritas en los módulos de asesoría contra el ‘gasolinazo’, se han presentado 57 demandas de amparo ante juzgados de distrito.
Antonio Castro Calderón, asesor jurídico para este tema, explicó en tres días de recepción de documentos para la presentación de amparos individuales contra el alza de los combustibles, se inscribieron 953 personas, aunque no todas han cumplido con los requisitos para iniciar el trámite legal.
Sin embargo, agregó, las solicitudes quedaron pendientes para ser firmadas y posteriormente ser interpuestas.
El abogado dijo que todos los juzgados en el país, se tendrán que declarar incompetentes y deberán enviar las demandas de amparo a la Ciudad de México y a los juzgados administrativos.
“La Suprema Corte de Justicia (SCJN), dijo que no resolverá el amparo, ante la magnitud de amparos, (pero) la Constitución de la República, la Ley de Amparo, o la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, le da la facultad a la Suprema Corte, para atraer el caso como un asunto relevante; si ellos no ejercen esa facultad, a través de demandas sociales o comunicados, se pedirá que ejerzan esa facultad de atracción para que sea esa instancia la que resuelva”, detalló.
Antonio Castro mencionó que si la SCJN no ejerce su facultad de atracción para resolver el amparo, se buscará la intervención de instancias internacionales, en coordinación con otros despachos de abogados.
El abogado comentó que en los próximos días, probablemente la Suprema Corte creará un juzgado de distrito auxiliar en la Ciudad de México para analizar los casos de amparos individuales y colectivos contra el incremento en el precio de las gasolinas y el diésel, que entró en vigor el pasado 1 de enero.
“No hay término para presentar el amparo, desde el punto de vista de abogados, ya está consultado por el órgano jurisdiccional, porque el acto reclamado a la autoridad es una omisión que cometió la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), violando derechos fundamentales de los ciudadanos”, concluyó el jurídico.