¿A disimular la militarización?

 

Por Felipe Victoria Zepeda

 

Aquellos hechos trágicos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, Distrito Federal, y la toma de la Preparatoria 1 de la UNAM, en que intervinieron soldados con bazuca en mano, dejó un estigma al abogado presidente Gustavo Díaz Ordaz y un divorcio emocional del pueblo con el Ejército Mexicano.

Por varios lustros se mantuvo dentro de sus cuarteles a los militares, en tanto en el lejano Chile, tras la muerte de Salvador Allende, vino el golpe de Estado y el “Pinochetazo”, que a querer o no puso en orden y paz a los chilenos caídos en crisis económica.

Muy recomendable ver la película “La Casa de los Espíritus” basada en la novela de Isabel Allende, para que calculen lo que sucede tras un golpe de Estado.

Sanar las heridas del pueblo por las fuertes acciones militares llevó paciencia y tiempo en México; los hombres de verde olivo no eran vistos más que en casos de desastre auxiliando a la población civil.

Siempre que se les atoraba una acción grande a los de la Policía Judicial Federal de la PGR, para decomisos de droga en gran escala o quema de plantíos, la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionaba el apoyo institucional en territorios agrestes e inhóspitos; poco se daba a la luz de los resultados y de las bajas sufridas.

Varios sexenios las acciones contra el narcotráfico fueron responsabilidad exclusiva de la PGR y la Dirección Federal de Seguridad, hasta que varios de sus comandantes se volvieron narcos en el mandato de José Antonio Zorrilla Pérez, y el presidente Miguel de Lamadrid acabó desapareciendo la DFS en 1985, comisión  conferida al entonces gobernador de Oaxaca, Pedro Vásquez Colmenares, creando el DISEN, antecesor del CISEN.

A final de cuentas el imperio del narco se impuso con su Ley de plata o plomo, corrompiendo a todas las corporaciones policiacas y por ello el Ejército tuvo que reaparecer patrullando calles y caminos, labor que les enfada porque afecta al prestigio recuperado de la milicia.

Tantos traspiés en la política policiaca de combate a la delincuencia organizada han afectado a la milicia, cuando la tienen que hacer de policías sin serlo ni estar capacitados para eso, como bien lo alega el General Salvador Cienfuegos Zepeda, que casi decidió reconcentrar a sus tropas en los cuarteles, exigiendo una estructura legal que norme las acciones militares en cuestiones civiles policiacas donde salen perdiendo.

En mi siempre consultado Excélsior leí interesante columna “De naturaleza política” escrita por ENRIQUE ARANDA, de la que les reproduzco fragmentos entre comillas:

“Seguridad interior, ¿ya?”

“Hoy, quince días escasos antes de la apertura del cuarto periodo ordinario de la actual Legislatura, la LXIII, poco o nada se ha concretado aunque, vale decir, existen ya tres iniciativas al menos que, presentadas por Acción Nacional (Roberto Gil), el PRD (Miguel Barbosa) y el PRI-gobierno (César Camacho), aspiran a atender la justificada exigencia del general secretario sí, pero que, más allá, coinciden en la necesidad de definir un marco legal que regule todo lo relativo a seguridad interior, entendida ésta como el mantenimiento de la paz social y niveles mínimos de seguridad amenazados hoy por la acción del crimen organizado”.

“Así, mientras el panismo apunta a la necesidad de crear un Comité Nacional de Seguridad Interior dependiente de Gobernación que, en su caso, regule el despliegue de las Fuerzas Armadas a nivel local o nacional, el perredismo habla de la urgencia de concretar el exigido retorno a los cuarteles en un periodo no mayor a seis meses aunque, vale decir, condiciona la opción a la comprobación, por parte del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de que los cuerpos policiacos de un estado o región en concreto están capacitados y en opción de responsabilizarse plenamente de la seguridad”.

“El priismo en su caso, que se inclina igualmente por posibilitar el retorno de militares y marinos al cumplimiento de las tareas que de manera específica les corresponden, habla sin embargo de mantenerles en actividades de inteligencia, de dotarles de un marco jurídico que esclarezca y justifique su despliegue e, incluso, de crear tribunales especiales que normen sus distintas actividades, en el supuesto de que deban realizar tareas que no les son propias”.

“En las próximas semanas, apenas comience el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero, presumiblemente, el asunto volverá a captar la atención pública dado que, en el supuesto de que esta vez sí se cumpla lo ofrecido, la legislación orientada a regular los temas relativos a Seguridad Interior, a nivel senatorial al menos, deberá estar siendo sometida a debate y votación ese mismo mes”. Twitter: @EnriqueArandaP”

Más que obvio es intuir que preparan la militarización del país, ya nos han ido acostumbrando a ver patrullajes de soldados circulando de un lado a otro, pero en cuanto se den las reformas ahora sí le van a entrar duro contra la delincuencia. Malandrines, a temblar.