* Penalizar aún más el homicidio por parentesco podría mandar a la cárcel hasta por 60 años a una mujer que se practique un legrado, dice María Luis Garfias
Fernando Hernández
La iniciativa del Partido de la Revolución Democrática en la que se propone reformar el Código Penal para incrementar las penas para castigar el homicidio en razón de parentesco hasta con 60 años de cárcel, podría ser utilizada por sectores conservadores para criminalizar el aborto.
Así lo declaró la integrante de Alianza Feminista, María Luisa Garfias Marín, organización que solicitó a la Secretaría de Gobernación el mecanismo de Alerta por Violencia de Género para ocho municipios del estado de Guerrero por el aumento de feminicidios.
La también académica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) adelantó que la reforma que propuso el jueves al Congreso del Estado la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa, al Artículo 131 del Código Penal, relacionada con el homicidio en razón de parentesco, en el que propone la imposición de una pena máxima de 60 años, “es una iniciativa que se tiene que tratar con cuidado”.
Cuestionada sobre las iniciativas que fueron presentadas por diferentes diputados locales en una de las sesiones del jueves, la activista señaló que “en especial hay una que me mueve un poquito y es la que tiene que ver con el aumento de las penas al delito de homicidio en razón de parentesco”.
Añadió que “se propone el incremento de penas” por esa clase de delitos, “pero las mujeres que han sido procesadas por aborto pudieran ser criminalizadas por este delito”, advirtió.
La reforma que se propone indica: “A quien con conocimiento de la relación que le une con el sujeto pasivo, prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario, se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y suspensión de los derechos que tenga con respeto a la víctima, incluidos, los de carácter sucesorio, hasta por el mismo término de pena impuesta”.
En Guerrero el aborto está penalizado bajo la figura de homicidio en razón de parentesco. Uno de los casos emblemáticos en la entidad fue el de la indígena Adriana Manzanares, quien fue condenada a 22 años de prisión acusada de abortar a su bebé, aunque éste murió al poco tiempo de su alumbramiento.
Garfias Marín puntualizó que los legisladores de la LXI Legislatura local tendrían que convocar a una reunión con las promotoras del mecanismo por la Alerta por Violencia de Género, antes de que las Comisiones Unidas de Género y Justicia emitan el dictamen correspondiente sobre esta iniciativa para que sea sometida a votación ante el pleno del Congreso del Estado.