* Adrián Alarcón reiteró que podría despedir hasta a un 30% de sus empleados en los próximos meses
Gilberto Guzmán
Empresarios agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, advirtieron que si el gobierno federal no revierte el incremento en el precio de las gasolinas y el diésel, podrían despedir a entre un 25 y un 30 por ciento de sus empleados a partir de marzo, para poder afrontar las consecuencias económicas del gasolinazo, además podrían dejar de pagar impuestos como protesta contra la política económica de la federación.
En conferencia de prensa, respaldado por integrantes del organismo empresarial, el dirigente Adrián Alarcón Ríos aseguró que fue la delegación de Coparmex Guerrero la que encabezó la postura de no firmar el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, suscrito la tarde del lunes entre el presidente Enrique Peña Nieto, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC), como una forma para contener la crisis provocada por el incremento en los precios de los hidrocarburos.
Explicó que no se sumaron a ese pacto por la prisa con la que se lanzó la propuesta y la ausencia de medidas concretas para revertir la situación crítica que se enfrenta actualmente, a partir de la entrada en vigor de los nuevos precios de la gasolina y el diésel.
Adrián Alarcón advirtió que la crisis económica nacional apenas comienza, porque tanto los empresarios como los consumidores mantienen algunos recursos ahorrados durante diciembre de 2016, que les permiten subsistir al primer mes de carestía.
Sin embargo, alertó que si el gobierno federal no rectifica en lo sustancial, que es echar atrás el aumento en los precios de los combustibles, se espera que para el mes de marzo comience a registrarse el despido de trabajadores, lo que traería consecuencias graves en temas como el de la inseguridad pública, ya que es latente el riesgo de que los exempleados se pasen a las filas de la delincuencia organizada.
“Si el recurso circulante es poco, entonces no hay ventas, sin ventas no se tienen ingresos en los negocios, y al no contarse con ello lo que viene son recortes en las nóminas”, argumentó el dirigente empresarial.
“En marzo estaríamos revisando nuestras nóminas y haciendo los recortes de personal necesarios, las bajas se espera que sean del 25 al 30 por ciento”, respondió a la pregunta de cuándo comenzarían los despidos.
Comentó que como una alternativa para resistir la crisis, los integrantes de la Coparmex podrían contratar préstamos bancarios, aunque admitió que no tienen la certeza de cómo los pagarían.
El dirigente criticó que el gobierno federal no asuma una postura sensible ante la crisis, y que ese factor podría contribuir al surgimiento de grupos radicales que pongan en riesgo la estabilidad social, como ha sucedido en otros tiempos a pesar de que no se ha registrado una contingencia económica tan severa como la actual.
Agregó que para evitar que la situación se salga de control, la Coparmex está demandando que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a cada litro de gasolina que se consume en México, se reduzca por lo menos en un 50 por ciento, lo que reduciría el costo que pagan los consumidores.
Señaló que la Coparmex era un aliado “casi” incondicional del gobierno de la República, pero ante las políticas económicas que ha implementado, la relación ha cambiado y además del despido de trabajadores, los empresarios también analizarán la posibilidad de no pagar impuestos, para ejercer mayor presión sobre el gobierno federal.