* Hay pruebas de participación directa del Ejército en el caso de los 43: abogado de los padres de los normalistas desaparecidos
Jesús Saavedra
Padres de familia de los 43 normalistas desparecidos en Iguala hace más de dos años pedirán en enero a través del grupo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Procuraduría General de la República (PGR), que se investigue directamente por esos hechos a militares.
Lo anterior lo dio a conocer, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 durante la toma de la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol este miércoles, quien explicó que el principal motivo de la manifestación fue “exigir la presentación con vida de los estudiantes y un motivo que se desprende del mismo es que exigimos la consignación de policías federales, de policías de Huitzuco y que las nuevas líneas de investigación como la telefonía, el Ejército, la heroína que transportaba uno de los camiones pueda ser motivo de investigación más rápida, más ágil”.
Consideró que del Ejército “hay elementos de su participación en la desaparición y eso queremos que se investigue, que rindan cuentas porque hay indicios, elementos probatorios de una participación directa del Ejército y hay investigaciones que lo corroboran y peor aún que lo ubican como el responsable directo de la desaparición”.
El abogado sostuvo que es evidente “la mano directa del Ejército, de cuán comprometido está en el tema de la desaparición forzada y como de manchadas tienen las manos, que el Estado mexicano ya no ponga obstáculos para su investigación directa; hay nombres como el capitán Crespo, del comandante del Batallón que estuvo en el hospital ‘Cristina’ y después fue a Barandilla a preguntar por una motoneta que habían decomisado policías preventivos en Palacio de Justicia, esos son los datos que tienen y lo que nos ponen sobre la mesa investigaciones periodísticas como la de Anabel Fernández, es más contundente en la mano del Ejército en la desaparición y debe de ser prioritaria”.
Por ello adelantó que en enero solicitarán a través de la CIDH a la PGR que se investigue al Ejército y en tanto adelantó una caravana que partirá el próximo lunes 20 de diciembre de Tixtla, el 21 llegara a Iguala, 22 en Taxco, 23 y 24 en Morelos, 25 en Tlalpan y 26 llegará a la Basílica de Guadalupe.
Añadió que hasta el momento por el caso hay 180 detenidos, “todos están procesados, no hay condena alguna que se haya emitido, la mayoría pertenece a ‘Guerreros Unidos’, la preocupación es que un 90 por ciento de esas detenciones están en “la verdad histórica”, de Jesús Murillo Karam del basurero de Cocula, en otras líneas de investigación no hay ninguna consignación, todas van en la línea del basurero y es totalmente endeble, es débil por los peritajes que se han hecho, no sabemos si van a quedar libres los detenidos pero hay bastante debilidad procesal, nos preocupa y se tienen que fortalecer otras líneas, pueden generar pistas de donde se encuentran los estudiantes”.
Agregó que “la función del Ejército es cuidar establecimientos estratégicos del país, no la seguridad pública, lo que nos preocupa es que se legalice las violaciones a los Derechos Humanos con el marco legal que exigen”, finalizó.