* “Sin embargo, la mejor vía es que los tres niveles de gobierno cumplan con brindar seguridad a la ciudadanía”, señaló el perredista

 

Gilberto Guzmán

 

El diputado local perredista Raymundo García Gutiérrez reiteró que se debe retomar la discusión por parte del Congreso sobre las facultades que la Ley 701 de reconocimiento de los pueblos indígenas otorga a los grupos armados de autodefensa, para que se sujeten a reglas como la elección de sus integrantes por parte de las comunidades, el periodo que deben formar parte de las llamadas policías comunitarias, el respeto a los derechos humanos en sus detenciones y que no operen fuera de sus demarcaciones.

Esto, luego de que el miércoles Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) cuyos grupos de hombres armados disputan con sus similares del FUSDEG la responsabilidad de brindar seguridad a las comunidades del Valle del Ocotito en Chilpancingo y Tierra Colorada, de Juan R. Escudero, exigió a los diputados locales Sebastián de la Rosa Peláez y Raymundo García Gutiérrez, ambos del PRD, que se retracten de las posturas que han asumido en la tribuna del Congreso del Estado sobre los llamados grupos de autodefensa.

En la sesión del martes, los legisladores cuestionaron la forma en que la UPOEG pretende apoderarse del control de Juan R. Escudero, lo que generó las balaceras del 24 de noviembre contra el FUSDEG, y pidieron que se revise en qué proporción ambas organizaciones se apegan a lo que establece la Ley 701 en materia de derechos y cultura indígena.

Indignado, Bruno Plácido se refirió al diputado Raymundo García como “el peor enemigo de los pueblos indígenas, lo que derivó en una respuesta de parte del legislador:

“Cuando tuve la oportunidad de ser diputado en la 58 Legislatura, estuvimos participando para que pudiera estar contemplada en la ley la CRAC –Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-, porque era la única organización que existía en su tiempo; yo creo que no le podemos prohibir a ningún pueblo que se organice para poder brindar su seguridad, pero tiene que ser cada localidad la que decida”, explicó el diputado.

Defendió que en el caso de “la Policía Comunitaria de la CRAC, me consta, ellos se van renovando, porque es un servicio social, no tienen sueldo, entonces tampoco quieren permanecer por mucho tiempo”, a diferencia de grupos como la UPOEG y el FUSDEG, donde no se observa este tipo de organización.

Además, dijo que para que haya una detención por parte de la CRAC, que recientemente cumplió 21 años de fundación, “tiene que haber una persona que denuncie, demande, para poder detener a un ciudadano, o en su caso lo detienen en el acto, en flagrancia”, pero no por simples señalamientos o rumores.

El diputado precisó que en los pueblos donde opera la Policía Comunitaria, el reglamento establece que los integrantes permanecerán por un periodo de tres años pero el cambio se realiza cada año, porque no perciben algún sueldo.

Sin embargo, afirmó que “el Gobierno municipal, estatal y federal tiene que retomar su trabajo de brindarle seguridad a todos los ciudadanos que vivimos en este país”.

Se le preguntó sobre las denuncias que han hecho públicas quienes han sido detenidos por elementos de los grupos de autodefensa, como la UPOEG, que acusan a sus integrantes de golpearlos e incluso torturarlos.

“Efectivamente, en el municipio de Ayutla había un grupo de ciudadanos que estaban impulsando la renovación de los consejeros y de la policía de Ayutla, lo que hicieron fue sembrarle delito, lo agarraron, lo golpearon y finalmente se retiró por la presión que tenía”, recordó.

“Aquí no es cierto lo que se dice, manifiestan que el pueblo es el que decide. Si es así, que renueven haciendo asamblea en cada colonia, hay localidades que los conocen bien, los identifican perfectamente sus ciudadanos, el pueblo es el que va a decir si se quedan, si continúan ellos o hay cambios. No se debe oponer la UPOEG a la voluntad de la mayoría”, abundó.

Raymundo García agregó que se retomará en el Congreso la discusión para que la gente de las comunidades donde operan los grupos de autodefensas decida quienes forman parte de éstos, y que además se dediquen solamente a cuidar la demarcación que les corresponda, “que no salgan de su territorio y la localidad que les corresponda”.