* Al comparecer ante diputados, el secretario de Gobierno destacó que en los primeros 12 meses el gobierno estatal fortaleció la relación entre los poderes y la comunicación efectiva tanto con la federación y con los 81 Ayuntamientos
* El titular de Seguridad Pública, Pedro Almazán, aseguró que “aún con los altibajos”, en materia de seguridad y combate a la delincuencia se “han venido dando los resultados”
Fernando Hernández / Redacción
Mientras que el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, destacó que en el primer año de gobierno de Héctor Astudillo Flores se recuperó el orden administrativo y la gobernabilidad política en Guerrero, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán, señaló que para combatir la inseguridad y la violencia desde un principio se propusieron “la dignificación y la profesionalización de la labor policial, y se fomentó la participación y denuncia ciudadana”.
En su exposición ante diputados en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno, Salazar Adame indicó que como parte de una conducción responsable de la política interior, el gobierno estatal fortaleció la relación entre los poderes y la comunicación efectiva tanto con la federación y con los 81 Ayuntamientos, además que se reactivaron las delegaciones de gobierno en las siete regiones del estado.
Detalló que durante los primeros 12 meses de la gestión de Astudillo Flores se registraron más de mil movilizaciones, la mayoría de ellas relacionadas con las luchas magisteriales, pero también se atendieron conflictos sociales entre pobladores de Nuevo Balsas, San Francisco Ozomatlán, San Juan Totolcintla y Alpoyeca, contra la minera Media Luna, y el de los ejidatarios y posesionarios del Ejido del Cayaco y Coacoyular, relacionados con el proyecto Vía Alterna La Escénica.
Celebró que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no haya hecho pronunciamientos sobre violaciones graves a los derechos humanos en Guerrero, además que informó que se dio cumplimiento a tres recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a gobiernos anteriores.
Resaltó que se emitieron 44 medidas cautelares para 16 periodistas, 26 personas y dos organizaciones de la sociedad civil, además que se impulsan políticas públicas enfocadas a la protección de los derechos de la mujer, porque al iniciar la administración se observó la insuficiencia de instrumentos y mecanismos para atender la violencia hacia las mujeres.
Recordó que en junio fue admitida la solicitud de la Alianza Feminista para que en Guerrero se implemente el mecanismo de alerta por violencia de género debido a la alta incidencia de violencia contra las féminas en el estado.
Adelantó que el 12 de marzo del próximo año se tiene programado que el gobierno del estado entregue a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, el informe de cumplimiento de las recomendaciones que hizo en su momento el Grupo de Trabajo designado por la Secretaría de Gobernación.
En lo que se refiere a la implementación, en tiempo y forma, del nuevo Sistema de Justicia Penal, Salazar Adame recordó que durante los ocho años previos a la gestión de Astudillo Flores, se hicieron esfuerzos desarticulados para su instalación, pero destacó que durante el actual gobierno se tramitaron 168 millones de pesos para edificar 13 proyectos de construcción de infraestructura, uno de equipamiento pericial y otro de tecnologías, además que recibieron en donación el equipo tecnológico necesario para diez salas de oralidad.
También se logró la capacitación de 8 mil 672 policías estatales y municipales, 365 elementos de la Policía Ministerial, así como mil 104 servidores públicos y mil 456 profesionistas, ante el inicio de ese Sistema de Justicia Penal.
También se refirió a la situación del transporte público en la entidad, que ha sido infiltrado por grupos de la delincuencia organizada, por lo que uno de los desafíos de la actual administración ha sido el de poner orden en ese sector para “que haya un transporte limpio, seguro y responsable”.
Salazar Adame considero como preocupantes los señalamientos de corrupción que se hacen contra algunos alcaldes, y sin más detalles señaló que hay casos de municipios en los que se han reportado protestas, pero que ha sido difícil que los acuerdos que se han pactado se cumplan.
Dijo que “el Ejecutivo del estado tiene claridad sobre el rumbo” que se debe seguir Guerrero, y explicó que por ello se han “tomado decisiones, algunas pragmáticas que, sin violentar la ley, se han dirigido a disolver el origen de los problemas y a crear conciencia de que sin paz social, no habrá posibilidades de desarrollo para el estado”, explicó.
Admitió que para regresar la paz y tranquilidad a los guerrerenses, la tarea no es fácil, “pero tenemos el convencimiento de que con la participación de todos, se hará”.
“Tenemos que avanzar con mayor celeridad y lograr la confianza ciudadana. En un año no es posible tener todos los logros, terminar todo lo planteado, pero estamos avanzando”, insistió.
Salazar Adame consideró que es necesario “superar” los conflictos sociales, porque “no podemos caer en la subcultura de la protesta constante. Debemos los guerrerenses tener un respeto por la vida política, económica y social, y en la medida en que se sigan manteniendo los bloqueos porque un maestro fue cambiado, porque falta un banco, un pizarrón, porque nos les gustó donde los instalaron, no se podrá avanzar”, y entonces sugirió a los diputados legislar para revertir lo que llamó una “subcultura del bloqueo”.
A pesar de los altibajos, hay resultados en el combate a la inseguridad: Almazán
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, puntualizó que por la alta inseguridad que se vive en Guerrero se tiene que avanzar hacia la formación de la policía única y el fortalecimiento de las policías municipales, siempre promoviendo “la cultura de la legalidad, obediencia y respeto a los derechos humanos”.
Refirió que se ha dado “atención especial” a las movilizaciones que se manifestaban fuera del cauce de la Ley, en alusión al despliegue policías estatales habilitados como antimotines destinados a contener protestas sociales, y festejó que se ha evitado la vandalización de más edificios y que con un bajo costo político se obtuvo un ambiente de mayor orden social.
Almazán Cervantes, quien se mantiene en el cargo desde el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez, dijo que “aún con los altibajos” en materia de seguridad y combate a la delincuencia se “han venido dando los resultados”, y recordó que “en septiembre pasado se pudo obtener una baja en la incidencia delictiva” en el estado.
Señaló que los retos en seguridad pública siguen siendo enormes y los recursos insuficientes, por lo que “es necesario conseguir más recursos que nos permitan enfrentar las limitaciones presupuestales”.
Reconoció que el temor o hartazgo de los ciudadanos ha degradado poco a poco la confianza y respeto hacia el gobierno, y reprochó que “hay grupos de civiles que al margen de la ley se arman, supuestamente para brindar seguridad a los pueblos, cuando ésta es una responsabilidad del estado”.