Abismal diferencia entre dichos y hechos
Por Felipe Victoria Zepeda
En el enanismo del aldeanismo, muchos no quieren ver las cosas desde otras perspectivas y creen a pie juntillas que lo que ellos están acostumbrados a mirar son verdades absolutas y universales; no aceptan ni toleran que los demás y desde fuera vean diferente la situación con que se han conformado o resignado y hasta le aplauden a los responsables.
Bien decía el dictador Porfirio Díaz que nunca se estaba tan bien que no se pudiera estar mejor, o tan mal que no pudiera estarse peor.
El 4 de noviembre de 2008, al filo de las 19:00 horas por cuestiones extrañas al volar sobre la glorieta de Petróleos en el Periférico y Avenida Reforma, muy cerquita de Los Pinos en el entonces DF, “se desplomó por una turbulencia” el Lear Jet donde transportaban al Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, apuntado como presidenciable y el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, que relevaría en unos días a Eduardo Medina Mora en la PGR.
Regresaban de firmar un Convenio sobre seguridad pública en San Luis Potosí, evento al que ese martes tempranito pusieron pretextos para no asistir Genaro García Luna y Medina Mora.
Toda clase de sospechas cundieron sin que se esclareciera el dizque
accidente aéreo y tiempo después el secretario de Gobernación
siguiente, y posible relevo de Felipe Calderón, Francisco Blake Mora falleció en otro accidente aéreo, pero en helicóptero sobre Chalco, dizque por la neblina.
Al PAN no le quedó más que candidatear a Josefina Vázquez Mota sin esperanzas reales de triunfo.
Así es en México la divergencia e incongruencia cuando prefieren callar favoreciendo la impunidad.
Me llamó la atención el editorial de un diario guerrerense y se los comparto por el interés que encierra:
“Impunidad”
“Es evidente que, en lo que se refiere a las estrategias contra el delito, las autoridades y los ciudadanos comunes caminan por carriles distintos y a velocidades diferentes. Desde hace meses, aun desde antes de que entrara en vigor generalizado el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se han alzado voces para demandar que la extorsión sea considerada delito grave, pues ésta y el cobro de piso son las principales causas de la aflicción desesperada de la gente”.
“Los ciudadanos de bien pueden entender que si las bandas criminales se disputan el territorio en una guerra que ha dejado un reguero de cadáveres de mafiosos, ése es un problema entre ellos, entre personas que han decidido enrolarse en el crimen y exponerse a sus consecuencias. Pero no pueden aceptar gustosos el cobro de piso y la extorsión, sobre todo por las cantidades exigidas, que les resultan imposibles de pagar”.
“Eso explica el clamor para que los diputados hagan las reformas que sean necesarias para que los extorsionadores no puedan enfrentar en libertad su proceso –como ocurre en la actualidad–, porque no son delincuentes comunes, sino integrantes de pandillas sanguinarias y vengativas o, peor, de bandas organizadas con elevado poder económico y de fuego. Son, pues, personas de peligro”.
“Pero del lado oficial no se ve que haya intentos siquiera para caminar en ese sentido. Por lo contrario, a juzgar por el tipo de información que el gobierno resalta en sus comunicados, se deduce que su interés se centra en atrapar a los jefes de las bandas, a multiasesinos y a personas poseedoras de información delicada y valiosa sobre las bandas. Es decir objetivos que permitan el lucimiento mediático”.
“Pero de los extorsionadores, nada”.
“Ya una vez el secretario de Seguridad Pública de Acapulco los identificó: son pandillas de jóvenes sicarios o ex sicarios que en sus ratos libres –cuando no tienen el encargo de matar a ningún enemigo– se dedican a complementar sus ingresos por la vía de extorsionar a comerciantes menudistas, a los que aterrorizan con sus armas y con sus amenazas, y a los que, cuando se niegan a pagar, simplemente asesinan, sabedores de que ni serán denunciados, ni serán perseguidos”.
“Sin embargo, simplemente elevar la extorsión al ámbito federal, tipificarla como delito grave y aumentar su sanción, no es bastante. De hecho, el principal problema del sistema de justicia de México no son sus leyes –por lo general completas y progresistas–, sino el hecho de que éstas no son aplicadas, de que la autoridad no hace lo que le corresponde, no cumple su obligación de perseguir el delito, lo cual genera impunidad”.
“Por ejemplo, en el tema de los desaparecidos –según denuncia del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, de Chilapa–, de 77 casos a los cuales ese organismo da seguimiento, la Fiscalía del estado no ha investigado ni uno solo –a pesar de que en algunos hay denuncia desde 2014–, ni hace los exámenes de perfil genético y no indaga ni la desaparición de policías”.
“No por nada la cifra no denunciada de delitos en el país asciende a 93 por ciento, y la investigada apenas es de 1 por ciento. Y así le piden a la gente denunciar”.
Sobrarían comentarios desagradables; a los de arriba poco les interesa que no jodan tanto a los de abajo, porque primero están sus bolsillos.