* El ombudsman guerrerense dijo que debido al conflicto entre ambos grupos, ciudadanos viven en la zozobra, el miedo, la violencia y la inseguridad

 

Alondra García

 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, consideró que el desarme de los integrantes del FUSDEG y la UPOEG “no sólo es necesario, es obligatorio”.

El ombudsman estatal lamentó la reciente emboscada perpetrada por el FUSDEG contra un grupo de elementos de la UPOEG en la localidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, la cual dejó un saldo de siete muertos y dos heridos.

En entrevista, Navarrete Magdaleno recordó que las policías comunitarias se crearon en las zonas rurales de los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero “con el noble objetivo de garantizar la seguridad”, pero lamentó que “cuando surgieron beneficios dentro de estos grupos”, sus líderes y algunos de sus integrantes “perdieron la brújula”.

De acuerdo con el ombudsman, la CDHEG hizo lo necesario para que la UPOEG y el FUSDEG se sujetaran a un régimen jurídico y trabajaran de manera cordial y respetuosa de los derechos humanos.

Sin embargo, advirtió que el conflicto entre ambos grupos ha crecido a tal grado que es urgente que las autoridades se impongan y los desarmen, pues ya han ocurrido enfrentamientos armados con saldo de varios muertos.

Además, señaló que los ciudadanos han quedado en medio de este conflicto y viven en la zozobra, el miedo, la violencia y la inseguridad.

El desarme de estos grupos, dijo el ombudsman, es necesario y obligatorio para salvaguardar la vida de los habitantes de estas zonas en conflicto.

Navarrete también señaló que hay zonas en que la operación de estos grupos ha quedado fuera de lugar. Tal es el caso del municipio de Juan R. Escudero, donde existen oficinas que representan al Sistema Jurídico Mexicano, como son una Agencia del Ministerio Público y Policía Preventiva Municipal.

“Paralelamente tenemos un grupo de policía comunitaria que también hace justicia a su manera. Entonces, ¿dónde está la certeza jurídica para la sociedad?”, cuestionó.

Además, señaló que los grupos del FUSDEG y UPOEG que operan en las comunidades rurales de Chilpancingo no apegan su funcionamiento al sistema de usos y costumbres, por lo que no encajan en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, la cual da certeza y legitimidad a las policías comunitarias.

Navarrete reiteró la disposición de la Codehum para participar y abonar a la paz en el estado de Guerrero.

“Queremos abonarle a la paz. El estado ya no necesita más episodios que vayan manchando nuestra historia y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está metida de lleno en esta tarea de abonarle a la paz”, refrendó Navarrete Magdaleno

Destacó que gracias a la intervención de la Comisión y siempre por la vía del diálogo se han evitado varios enfrentamientos armados en este conflicto entre el FUSDEG y la UPOEG, “se ha logrado que no se incremente la de por sí ya alta cifra de muertos”.