* El mandatario encabeza los esfuerzos de un gobierno que todos los días busca resolver los problemas de siempre y que tiene como pendiente el disminuir la violencia que generan los grupos de la delincuencia organizada

 

* Enfrenta un déficit financiero de alrededor de 20 mil millones de pesos que limita la capacidad para revertir las condiciones de marginación y pobreza de Guerrero

 

* La recuperación de la gobernabilidad, perdida por la volatilidad social que se generó después de los hechos ocurridos en Iguala, en septiembre de 2014, el mayor logro de la actual administración

 

Reemberto de N. Valdez / Jesús Saavedra

 

Este jueves se cumplen los primeros 365 días del gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores. Durante estos doce meses, se ha caracterizado por ser un gobernador empeñado y esforzado en recomponer el camino y enderezar la nave, a pesar de que los problemas de siempre, y los nuevos, se multiplican un día sí y otro también, sin dar tregua.

En este primer año, Astudillo Flores visito todos los 81 municipios del estado y tuvo contacto con miles de ciudadanos que le pidieron atención y solución a sus problemas. En la mayoría de las veces lo hizo acompañado de su esposa Mercedes Calvo Elizundia, quien encabeza, incansable, las acciones del DIF-Guerrero, institución que atiende a los guerrerenses que menos tienen.

El priísta oriundo de Chilpancingo que recuperó el gobierno estatal después de dos administraciones perredistas, asumió el cargo en condiciones complicadas, con un déficit financiero de alrededor de 20 mil millones de pesos, que limita la capacidad para revertir condiciones de marginación y pobreza, que son ancestrales en nuestro estado, y que se combina con una violencia extrema que todos los días cobra numerosas víctimas en todo el estado.

Astudillo Flores considera como su principal logro el haber recuperado la gobernabilidad que se había perdido después de los hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, que derivaron en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y que generaron un ambiente de alta volatilidad social durante casi todo el 2015.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que ha realizado, el principal pendiente de la actual administración continúa siendo la violencia que generan los grupos de la delincuencia organizada que se disputan territorios para el tráfico de drogas, particularmente en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y en municipios de Tierra Caliente y la Costa Grande.

De hecho, el mismo día de la toma de posesión de Astudillo Flores, en un intento por mandar un mensaje de contar con el respaldo total del gobierno federal, los miembros del Gabinete de Seguridad que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal Soberón, y de la PGR, Arely Gómez, se reunieron en Acapulco, reconociendo tácitamente que el principal problema de la entidad era y es el de la seguridad. De hecho, esas reuniones se han repetido en este primer año al menos 5 ocasiones.

Producto de ese diagnóstico, fuerzas federales y estatales desplegaron operativos especiales en las principales ciudades donde se genera la violencia.

El más reciente de ellos comenzó en los primeros días de septiembre pasado, luego de que el gobierno federal modificó la estrategia de combate al crimen y a la violencia y se determinó implementar operativos de impacto directo en 50 ciudades catalogadas de las más violetas del país.

En Guerrero esa estrategia se despliega en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Coyuca de Benítez y Chilapa, pero a petición del gobierno estatal se implementa también en Zihuatanejo.

En esos lugares se han desplegado Bases de Operaciones Mixtas con la participación de fuerzas federales, estatales, militares y marinos, en la búsqueda de que disminuyan esos índices.

De acuerdo con reportes y estadísticas oficiales, en septiembre se registró por primera ocasión una disminución de 32 por ciento en los homicidios dolosos en Guerrero y en Acapulco del 40 por ciento.

En las últimas semanas, en cada acto público que realiza el gobernador ha reconocido que el gran pendiente de su administración sigue siendo el tema de la “seguridad”, porque de no ser por la violencia, “nuestra entidad viviría en un estado normal de trabajo y gobernabilidad”.

Presupuesto público para reactivar la economía

En su toma de posesión, Astudillo Flores se comprometió a la reactivación económica de Guerrero y ofreció que lo haría de la mano de empresarios del estado, para que la inversión en la obra pública se hiciera con empresas guerrerenses.

Este año se ejerce un presupuesto de 48 mil 409 millones de pesos y en agosto pasado el gobernador informó que Guerrero ocupa el tercer lugar en generación de empleo, con cinco mil plazas de trabajo formales generadas este año, además que se ubica como el segundo estado con mayor crecimiento económico en el país producto de las inversiones en minería y en obra pública por nueve mil millones de pesos.

En estos primeros doces meses, Astudillo Flores ha insistido que la obra pública se adjudica de manera importante entre los empresarios de la entidad y ha hecho compromisos públicos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para que ejecuten obras en materia de agua potable, alcantarillado y construcción de edificios públicos, como las sedes del Sistema de Justicia oral en Chilpancingo y Acapulco.

Para el próximo año, el gobierno que encabeza ha presentado un presupuesto de 50 mil millones de pesos, pero existe la posibilidad de que esos recursos se disminuyan, debido a los recortes que ha anunciado el gobierno federal en materia presupuestal, por lo que ha iniciado un cabildeo para que no sea así y se respeten los montos de inversión federal a la entidad. De hecho, el martes pasado Astudillo Flores se reunió con el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.

Hace una semana, el gobernador informó que en los próximos días se habrán de concretar inversiones por seis mil millones de pesos en la construcción de desarrollos turísticos, de un hotel Fiesta Americana en Acapulco y otro desarrollo turístico en el puerto de Zihuatanejo.

También se prevé que en los próximos cuatro años empresas dedicadas al ramo de la minería inviertan en Guerrero en los próximos cuatro años unos mil 200 millones de dólares, lo equivalente a 23 mil millones de pesos, que representan la mitad del presupuesto que se destinó a nuestra entidad este año.

Lo anterior se desprende de la constitución del Clúster (concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para la competencia industrial) Minero de Guerrero.

El conflicto magisterial no se desbordó

La implementación de la Reforma Educativa en el país y de manera particular en estados donde el magisterio disidente tiene una alta presencia, derivaron en las movilizaciones de protesta de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en Chilpancingo y en Acapulco, durante el periodo vacacional, pero en Guerrero los ánimos no se desbordaron como sí ocurrió en estados como Oaxaca y Chiapas.

Por esta reforma educativa que obliga a los maestros a evaluarse, se notificaron a casi 4 mil maestros para que realizaran el examen, de los cuales el 70 por ciento acudieron a realizarlo bajo estrictas medidas de seguridad.

Sin embargo, debido a su rechazo a evaluarse, unos 900 maestros fueron cesados, lo que provocó el encono entre los maestros movilizados que utilizaron la Autopista del Sol como escenario para manifestarse, y a pesar de ello prevaleció desde el gobierno una tolerancia hacia el magisterio, que en más de una ocasión fue criticada por grupos empresariales que vieron afectadas sus actividades económicas.

A pesar de que la CETEG había advertido que no se permitiría el inicio del ciclo escolar 2016-2017, las clases comenzaron prácticamente sin ningún contratiempo.

Luego de que el magisterio disidente llegó a acuerdos con el gobierno federal sobre la Reforma Educativa, las dos fracciones de la CETEG se sentaron con el gobierno estatal para llegar a acuerdos sobre sus demandas estatales.

Resultado de ese diálogo, hace unas semanas los dos grupos de la CETEG pactaron la entrega de las instalaciones del ex Ineban, el desalojo de su campamento que tenían en la avenida Burócratas, así como el levantamiento del campamento que habían establecido en la Plaza Cívica de esta capital desde hacía dos años.

Uno de los acuerdos que se establecieron fue el dejar sin efecto los ceses de los maestros que se negaron a evaluar, así como las modificaciones a la evaluación al desempeño docente, que dejará se tener carácter obligatorio.