* El alcalde afirmó que una posibilidad para acabar con ese conflicto “es el desarme, pero la principal es regularizar a esta policía comunitaria”
Jesús Saavedra
El alcalde de Chilpancingo, Marco Leyva Mena, afirmó que la asamblea llevada a cabo el domingo pasado en El Ocotito, donde el comisario Audifred Benítez Visoso dejó el cargo tras ser amenazado por el Frente Único al Servicio del Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y en su lugar eligieron al maestro jubilado, Gil Ramírez Cortés, “es ilegal”, ya que el nombramiento lo va a decidir el cabildo capitalino.
Entrevistado al asistir al festejo a San Francisco de Asís, en el tradicional barrio, dijo que Benítez Visoso les informó “de su ausencia, pues tiene que procederse como procedimos con él, el acuerdo de carácter jurídico y político era que el suplente, firmado inclusive por Audifred,, firmado inclusive por el comisario que está asumiéndose como comisario y son acuerdos que se deben de respetar, no me expuso las razones por las que deja el cargo”.
Aseveró que la asamblea donde se tomó posesión al maestro jubilado como suple, “no tiene ninguna validez y así se le informó a ambos grupos, hasta que el Cabildo sesionara y determinara quién iba a asumir el cargo, cualquier acto que hagan, la firma de manera jurídica, no tiene los efectos legales y van a caer en una sanción de tipo administrativo y puede que hasta de tipo legal”.
Sostuvo que Audifred Benítez dejó el cargo porque “ya tenía una presión por parte de ambos grupos “y de acuerdo a la información que tengo es que se había asumido como parte de un grupo, presiones internas de su propio grupo y del otro del FUSDEG, en un hombre que había estado trabajando de manera normal y de repente se encuentra en este tipo de tensiones, hace sus propias valoraciones personales y decide retirarse”.
Señaló que ese problema “es de carácter federal por el tipo de armas que tienen, de carácter estatal porque el corredor que tiene el FUSDEG obliga a que la autoridad estatal a intervenir y es municipal porque gran parte de ese problema está asentado en Chilpancingo, lo que estamos haciendo los tres órdenes de gobierno de manera coordinada es dialogar para que podamos tener una política donde instrumentar y reglamentar a esta policía comunitaria y no hacer que vivamos en un estado de tensión”.
Finalmente aseveró que una posibilidad para acabar con ese conflicto “es el desarme, es una, pero la mayor es regularizar esta policía comunitaria que no puede tener ese tipo de armas, no puede violentar los derechos humanos, no podemos vivir en un estado de tensión con ellos”.