* Basta ya, de abusos comunitarios
* Le hacen la vida de infierno a gente
* Operan ya como grupos armados
Jorge VALDEZ REYCEN
No se los mandó decir. Se los dijo directo: “los grupos comunitarios han operado como grupos armados y lejos de producir un bien a la comunidad, les hacen la vida de a cuadritos y viven un infierno”.
Héctor Astudillo Flores ha marcado su distancia y con ello su no aceptación del cómo se han comportado recientemente las organizaciones civiles, que bajo el pretexto de la inseguridad han usurpado funciones legales y operan armados causando abusos y cometiendo arbitrariedades.
Si bien existe una Ley 701 para la conformación de policías comunitarios que se rigen bajo el esquema de usos y costumbres, en zonas indígenas, no hay razón entonces para que haya Frentes y Organizaciones que son membretes a modo para que civiles puedan portar rifles, escopetas y hasta fusiles de alto calibre prohibidos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La permisibilidad y tolerancia del gobierno estatal ha dado pie al surgimiento de facciones que se han enfrascado en una rebatinga con comisarios aliados a intereses no muy claros en cuestiones de seguridad. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con Bruno Plácido Valerio fue la punta de lanza en la escisión con el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), porque había limitaciones para operan exclusivamente en municipios con población indígena.
La UPOEG abrió el abanico hacia localidades sin población indígena, donde no se rigen por medio de usos y costumbres. Plácido Valerio se erigió como la figura central de un cacique que se ufanaba de movilizar a más de cuatro mil hombres armados con el poder de su voz. Fue entonces que el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) se deslindó de Bruno y en medio de acusaciones de protección de grupos delincuenciales lo expulsaron de su grupo. Ese diferendo permanece y es motivo de cruentas disputas, con saldo rojo en víctimas.
Este ajuste de cuentas ha tenido a la autoridad municipal a la expectativa de un posible zafarrancho de funestas consecuencias. El alcalde Marco Leyva está petrificado y hasta medroso de lo que pudiera ocurrir. Y esa es la primera grave omisión de toda la cadena de mando.
La ausencia de un principio de autoridad es resultado de este caldo de cultivo altamente explosivo, donde la vida de personas está en riesgo latente de producirse una balacera en enfrentamiento por el control de la seguridad, como si ésta fuera una patente, concesión o derecho subrogado por la autoridad a civiles armados. Claro que no lo es, pero a fuerza de la laxitud y permisibilidad oficial se llenan huecos al vacío de autoridad creado.
La única salida es el desarme general de grupos civiles. Elaborar un censo de policías comunitarios y capacitarlos en tareas propias de fuerzas policiales certificadas y bajo el mando de la Fuerza Estatal. Una vez reunido los requisitos legales, dotarlos de armamento regulado por la SEDENA.
En el plano administrativo, recuperar el principio de autoridad socavado por omisiones y por acciones desafiantes de los grupos delincuenciales, quienes estarían detrás de todo el entramado que ha puesto a la autoridad en esa crisis.
Astudillo ha comenzado por deslindar a su gobierno de cualquier acto de solapamiento o alcahuetería a los excesos y abusos en que han incurrido reiteradamente esos grupos. Nadie puede tener la osadía de imponer ultimátums a punta de balazos, sin tener que responder a la Ley por la comisión flagrante de ilícitos.
La ruptura del marco constitucional es lo que pregonan los anarquistas. Y cuando eso suceda ya no existirán garantías para nadie. La ley de la jungla se regirá entonces. Sálvese quien pueda, será el recurso final ante la inminente hecatombe.
Y entonces vendrá el caos, las tinieblas, hambruna y el miedo… el apocalipsis bíblico.
Nos leemos… SIN MEDIAS TINTAS.