La impunidad como mala maña
Felipe Victoria
En 32 años colaborando en medios impresos de la república mexicana, miles de veces utilicé los términos “inmunidad” e “impunidad”, quizá abusando la coloquialidad, intentando que el mensaje sea inteligible para todos.
No olvido cuando me invitó a comer en su oficina de Bucareli el catedrático y entonces secretario de Gobernación, doctor Jorge Carpizo McGregor, el 6 de agosto de 1994, para agradecer la publicación de mi librito “El Imperio de la Impunidad”, en cuya portada hice referencia a confidencias sobre él y Diego Valadés en la PGR.
Difícil y trágico para los mexicanos ese terrible año, en que la convicción patriótica del jurista Carpizo contuvo los ímpetus de quien, ambicionando continuar en el poder, consintió el estallamiento de una guerra artificial en Chiapas para tener el pretexto constitucional de suspender las elecciones; sobre todo después de que le asesinaron a su candidato Colosio y le impusieron de sustituto a Ernesto Zedillo, que urdían inhabilitar para asumir en diciembre y quedara entonces de interino un diputado guerrerense.
Carpizo había renunciado a Gobernación, pero le suplicaron no irse, aceptando que siempre sí se celebraran las elecciones. Casi tres meses después asesinaron a José Francisco Ruiz Massieu emboscándolo fuera de un evento con diputados federales en el Hotel Casablanca.
Como fuera, el asesinato en 1984 contra el columnista Manuel Buendía no quedó impune y por eso no se repitió el matar tan así de fácil a periodistas famosos.
Hoy les comparto la columna “COROLARIO”, de Raúl Contreras Bustamante, en Excélsior, del 13 de agosto pasado:
“Impunidad y derecho”
“Solía decir mi maestro, don Raúl Cervantes Ahumada, que la impunidad tiene tres efectos: primero, quien comete un acto ilícito y no recibe el castigo, no duda en repetir su acción; segundo, quien observa un ilícito no sancionado, tiende a imitar ese hecho, y el más grave es el tercero, pues las víctimas de los ilícitos no castigados, recurren a hacerse justicia por propia mano”.
“Ya me he ocupado en este mismo espacio de abordar el tercer efecto, al advertir la gravedad que implica para la sociedad que las víctimas decidan tomar la justicia por propia mano, debido a la inacción de las autoridades. En esta ocasión, quisiera reflexionar sobre el segundo efecto, es decir, aquel que consigna que quien observa un ilícito que no es sancionado, tiende a imitarlo”.
“Un claro ejemplo de ello son las recientes declaraciones de algunos dirigentes empresariales, quienes están hartos de las movilizaciones y cierres de vías de comunicación por la CNTE, y cansados de sufrir las pérdidas millonarias que esto ha traído en diferentes estados de la República”.
“Dirigentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio manifestaron en días pasados a los medios de comunicación que analizan la posibilidad de no pagar impuestos. En pocas palabras, dejar de cumplir con las normas jurídicas”.
“Además, la Confederación Patronal de la República Mexicana informó que hace unos días interpuso un amparo en contra de diferentes autoridades del Estado mexicano, por las omisiones en su actuar, las cuales —a decir de la Confederación— han vulnerado diferentes derechos humanos en su contra”.
“El meollo del asunto es que la impunidad, entendida como la falta de castigo ante la comisión de un ilícito, es, sin duda, uno de los factores determinantes que explican la crisis de inseguridad, violencia y corrupción por la que atraviesa nuestro país”.
“Y es que algunas personas, al constatar que es posible quebrantar la ley sin ningún castigo, encuentran en ello un aliciente para también violar las normas”.
“Los datos ofrecidos por el Índice Global de Impunidad 2015 son alarmantes. Sitúan a México en el vergonzoso sitio 2 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el referido instrumento”.
“Sin duda, la impunidad es un fenómeno multidimensional que se nutre del quehacer o mejor dicho del ‘no hacer’ de las autoridades obligadas a aplicar la ley”.
“Abstenerse de hacer cumplir la ley es renunciar al más esencial propósito de la existencia del Estado: garantizar la seguridad de los gobernados. Es además un elemento que destruye la percepción de certeza jurídica que debe brindar el gobierno a sus gobernados, para el pleno ejercicio y goce de sus derechos”.
“Al margen de la resolución final que tengan los casos referidos, hay que tener muy claro que el cumplimiento de la ley no acepta márgenes discrecionales para su cumplimiento”.
“El constitucionalismo es un instrumento de control del poder. Los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba; en cambio, las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les faculta de manera expresa”.
“Ello implica que los gobernantes deben acatar el mandato de la ley y no les está permitido abstenerse del cumplimiento de ninguna obligación. La discrecionalidad es una forma de violar la ley y de convertirse en lo mismo que se intenta combatir”.
Felicitaciones a Raúl Contreras Bustamente y al Excélsior que comanda Olegario Vázquez Aldir con buenas plumas.
Debieran entender los altos funcionarios, que se llegó a esa situación en cuatro estados, por la discrecionalidad de algunos gobernadores para hacer cumplir las leyes al gremio magisterial, dándole inmunidad y tolerando su impunidad.