Isidro Bautista
A siete años de ocurrido el crimen de Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el caso parece seguir en el misterio, con más manoseo, como el hecho por Alberto López Rosas, durante y después de ocupar el cargo de procurador general de Justicia, con lo que se percibe como puro cuento.
El 19 de agosto de hace dos años, apareció en la prensa la nota con el encabezado de “Zeferino fue señalado por el comandante Zamora Rojo, confirma el ex procurador López Rosas”, en la que éste “confirmó que el comandante de la Policía Ministerial, Trinidad Zamora Rojo, declaró ante el Ministerio Público” que el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo ordenó el homicidio.
Primero, hasta donde se ha sabido, nunca el comandante hoy finado rindió declaración ministerialmente. El mismo López Rosas se habría visto obligado a confesar después que las mencionadas en esa nota, le fueran hechas en forma verbal por su entonces subalterno, y si se leen detenidamente se notará que éste no manifestó el nombre del ex gobernador, sino solamente que “un alto funcionario del gobierno del estado”, y “alto funcionario del gobierno del estado” hubo o son muchos.
Suponiendo sin conceder que sí le haya dicho eso, y señalado con nombre y apellido a tres individuos, ¿por qué no lo declaró ministerialmente?, ¿por qué no lo hizo si un día antes, el 18 de agosto, el hoy finado fue mencionado en la nota “Zeferino Torreblanca ordenó el asesinato de Armando Chavarría, reveló un implicado” así: “La acusación la hizo en una declaración ministerial el comandante Trinidad Zamora Rojo. Con otros policías ministeriales ya identificados participó en el homicidio, según consta en el expediente del caso?”
Hasta donde sabemos, nunca López Rosas aclaró públicamente que el jefe policiaco no le mencionó al ex gobernador de referencia, cuando, según él, tuvo la entrevista con quien unos quince días después fue privado de la vida.
Segunda. ¿Por qué una vez muerto el comandante hizo públicas sus supuestas o presuntas declaraciones verbales?
¿Por qué hasta que Iñaki Blanco Cabrera, entonces como procurador general de Justicia, lo sentó legalmente a comparecer, en septiembre de 2014, confesó que no existía declaración ministerial, y menos ahora porque ya está muerto, del policía aludido?
Y en realidad todas esas cosas ¿le habría dicho?
¿Por qué tratar de ensañarse públicamente con Iñaki si después de López Rosas ocuparon el mismo cargo Juan Manuel Herrera Campos y Martha Elva Garzón Bernal? ¿Sólo porque lo sentó a comparecer, como lo hizo incluso con Zeferino, por cierto éste en calidad de testigo, no como probable responsable, por no tener elementos en su contra?
¿Qué lo habrá motivado a hacer públicas las según declaraciones verbales del hoy finado? ¿Habrá sido para esquivar una acción de la justicia en su contra?
¿Por qué no tomó, como ya aquí opinamos hace justo dos años, medidas cautelares contra algún posible atentado, como el que lo mató?
¿Se podría fincarle alguna responsabilidad penal?, ¿habría, por ejemplo, omisión?
El caso no ha de ser nada sencillo. En las declaraciones hechas públicas de López Rosas se percibe rencor.
Trascendió que en su comparecencia aclaró que los encabezados de los medios impresos no son de su responsabilidad, y que no puede darle valor alguno a las notas referidas, pero sí a lo dicho ministerialmente.
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