* El Estado mexicano debe someterse Corte Penal Internacional, porque en el combate a la delincuencia organizada se han cometido crímenes de lesa humanidad
Alondra García Lucatero
El Estado Mexicano cometió crímenes de lesa humanidad contra la población civil durante la “guerra contra el narco” y está obligado a aceptar la ayuda internacional para “traer algo de justicia al pueblo”, aseguraron aquí representantes de la organización no gubernamental Open Society Justice Initiative.
La mañana de ayer, esa ONG presentó en el Congreso de Guerrero, ante la presencia de diputados locales, su informe “Atrocidades Innegables”, que representa el primer análisis profundo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Mexicano y por el cártel de Los Zetas, los cuáles fueron descritos como “algunos de los peores actos de violencia jamás vistos” en el país.
La directora de proyectos de Open Society en México, Inna Zoon, advirtió que el país atraviesa por una situación en la que “el crimen se desborda”, por lo que el sistema penal ordinario resulta insuficiente para procurar justicia a la población.
De acuerdo con Inna Zoon, la violencia, desapariciones, ejecuciones y tortura en México se han vuelto sistemáticas y generalizadas. “Están mucho más allá que simples incidentes aislados. Ya ni el derecho penal ordinario, ni el derecho internacional humanitario, resultan suficientes. Por eso se desarrolló el derecho penal internacional que está atendiendo los crímenes atroces”, expresó la investigadora.
Explicó que los “crímenes atroces” son aquellos que, por su magnitud, trastocan a la humanidad. “Son horribles, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad”, indicó.
El informe “Atrocidades Innegables” plantea como primera pregunta de investigación qué tipo de crímenes se cometen en México.
“Legalmente no se trata de genocidio”, aclaró Inna Zoon, pero advirtió la posibilidad de que se trate de crímenes de guerra, pues hay quienes señalan la existencia de conflictos armados en el país, entre grupos criminales y las fuerzas de seguridad.
La investigadora señaló que “en este momento hay una base razonable en el estándar de prueba utilizado por la Corte Penal Internacional para creer que en el periodo 2006-2015 se cometieron en México crímenes de lesa humanidad”.
Destacó que la investigación comprobó la existencia de “un ataque generalizado y sistémico contra la población civil, el cuál es el resultado de una política de Estado”.
“La guerra contra las drogas inició una violencia tal contra la población, que se está matando, desapareciendo y torturando no sólo a las personas que están relacionadas con el crimen organizado, sino también a los civiles que pasan y mueren en confrontaciones, personas que están detenidas, torturadas y obligadas a firmar confesiones, personas que son presentadas a la prensa como miembros de la delincuencia organizada sin tener ninguna sentencia, ninguna decisión judicial. Por eso crece el grupo de población en riesgo en México”, advirtió.
Inna Zoon también señaló que, basada en el informe, que “no ha existido en México alguna voluntad política suficientemente fuerte para generar un sistema de justicia capaz de responder a este tipo de retos, investigar, perseguir y sancionar delitos de este tipo”.
Peor aún, dijo, han existido casos en los que no sólo ha faltado voluntad política, sino que también se puede observar una “obstrucción del sistema penal”.
La directora de proyectos de Open Society en México expuso que, “ante un diagnóstico tan devastador”, la única solución es la Corte Penal Internacional.
“La investigación y persecución de estos crímenes atroces tienen una característica que no cubre el derecho penal ordinario: están enfocados en altos mandos. Cuando uno investiga crímenes de lesa humanidad no es suficiente detener y sancionar a los autores materiales, sino también a los mandos que han diseñado las políticas que trajeron esas consecuencias o que dieron las ordenes de torturar, de matar, de desaparecer o que sabiendo que esto pasaba, no tomaron las medidas para prevenirlo o que sabiendo que esto paso, no han sancionado ni tomado las medidas contra los que lo hacen”, explicó.
Además, recordó que el Estado Mexicano ratificó en 2005 el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, con lo que se comprometió a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad.
Ina Zoon consideró que el Estado Mexicano puede “rehacer la confianza de la población” si trabaja de manera coordinada con este mecanismo internacional.
Recordó que “en toda la historia conocida de estos grandes conflictos y grandes masacres, no hay ni un país, ni en África, ni en Europa, ni en América Latina que haya resuelto este tipo de situaciones solo”.
Destacó que “todos, de una forma u otra, han necesitado el apoyo de la cooperación internacional para empezar a sanar y traer un poco de justicia”.
Por su parte el director senior de Proyectos y Juicios Nacionales por Delitos Graves de la Open Society Justice Alternative, Eric White, dijo que “es evidente que no hay justicia en México” en delitos como desapariciones forzadas y tortura.
Puntualizó que, de 2007 a 2015, se documentaron 150 mil asesinatos dolosos en el país. Sin embaro, reconoció que “la cifra está subestimada”, ya que “sólo en Iguala se encontraron cientos de cementerios clandestinos”.
“¿Cuántos más habrá en México?, no sabemos, lo que sí es que de todos los asesinatos sólo se resolvieron quince”, señaló.
En cuanto a desapariciones forzadas, indicó que el Estado Mexicano reconoce 26 mil, pero advirtió que “la cifra es arbitraria”, pues están seguros de que el número es mayor.
El informe Atrocidades Inneables señala que, a nueve años de que el Gobierno Federal desplegó por primera vez a las fuerzas armadas federales para luchar contra el crimen organizado, “no ha cesado el sufrimiento de la población civil”.
“Asesinatos, desapariciones y torturas perpetradas tanto por los cárteles como por las fuerzas federales (que supuestamente debían luchar contra estos) persisten en el presente. Desde diciembre de 2006 hasta el final de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México. Miles de personas han desaparecido. Esto es especialmente importante si se considera que esta violencia es perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado, cuyo deber es combatir el delito, no cometerlo”, se lee en el informe.
Por ello, insistieron en que “la posibilidad de establecer responsabilidades ante la Corte Penal Internacional no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces”.