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lunes, 23 mayo , 2022

Guerrero enfrenta retos para implementar el nuevo sistema de justicia: CDHEG

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Alondra García

 

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Guerrero aún enfrenta varios retos para lograr la total implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, advirtió Román Jaimes Contreras, tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).

La mañana de ayer, impartió la conferencia Los Derechos Humanos en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, en la que expuso los beneficios de este nuevo sistema y señaló las carencias que aún enfrenta Guerrero para implementarlo de manera eficaz.

Uno de estos retos, dijo, es la capacitación efectiva, ya que el sistema debe ser operado por personal especializado, tanto jueces como ministerios públicos, defensores de oficio, asesores jurídicos, médicos legistas, peritos, policías, facilitadores certificados y defensores particulares.

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Señaló la necesidad de que los elementos de las corporaciones policiacas tengan claro a qué se refiere su función en cuanto a las aprehensiones y cadena de custodia. “Si no existe la capacitación suficiente, se obtendrán procedimientos deficientes”, advirtió.

Otro de los retos en Guerrero, dijo, es reforzar las estructuras institucionales. Señaló que es necesario dotar de suficiente estructura y recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros al Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y demás instancias involucradas, además de que la reforma obliga a modificar e incrementar la estructura en ambas instancias.

Destacó que para implementar el nuevo Sistema las entidades deberán contar con cuerpos especializados de policía, con capacidades para procesar la escena del hecho probable delictivo, hasta en tanto se capacite a todos los cuerpos de policía para realizar tales funciones.

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Entre los retos que enfrenta Guerrero, señaló los siguientes: crear una defensoría y una asesoría jurídica de oficio y autónomas; fortalecer la Comisión Estatal de Víctimas, crear un Instituto Pericial autónomo; instalar unidades de atención inmediata y órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias con independencia técnica y de gestión; modificar los programas y planes de estudio en materia penal; fortalecer la estructura de los centros penitenciarios y que las instituciones de los tres ámbitos de gobierno ejerzan su responsabilidad de garantizar los derechos humanos.

Coincidió con la opinión de varios especialistas en la materia en que, para tener una aplicación eficaz de este sistema se requieren unos 10 años.

Dijo que el nuevo sistema garantiza la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas, incluyendo una justicia restaurativa.

Con este sistema, indicó, se activarán la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, para efectos de la reparación del daño.

En los casos en que la víctima no presente elementos para la reparación del daño, se resolverá una en términos generales.

El tercer visitador de la Codehum destacó también que el aparato de justicia se abocará, principalmente, a los delitos de alto impacto.

Explicó que la mayoría de los casos se resolverán mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales tienen como finalidad propiciar la solución de conflictos a través del diálogo. De esta manera se extinguirá la acción penal y disminuirá “considerablemente” la población carcelaria.

Una de las características que destacó del nuevo Sistema de Justicia es que la investigación no será exclusiva del Ministerio Público, sino que también participarán las partes.

Señaló que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen en un marco de respeto a los derechos humanos.

Además, todos los servidores públicos y defensores particulares involucrados en el nuevo Juicio Penal Acusatoria deberán ser especializados.

En lo que respecta a la tortura, ésta es considerada como un delito de lesa humanidad y por ende imprescriptible. La confesión rendida sin la asistencia del defensor y en la que se comprueben actos de tortura carecerá de todo valor probatorio, según el artículo 20 de la Constitución Federal.

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