* “Quienes creen que la solución a un conflicto político es la violencia, están equivocados”, aseguró ayer el gobernador al referirse la situación que se registra en ese municipio donde opositores a la alcaldesa Felícitas Muñiz exigen su destitución

 

Alondra García / Salvador Bello

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió que, sin entrar en confrontaciones que generen más violencia, se aplicará la Ley a los responsables de los disturbios ocurridos en Apango, cabecera municipal de Mártir de Cuilapan, donde los opositores a la alcaldesa Felicitas Muñiz Gómez saquearon su vivienda, apedrearon las casas de sus familiares e incendiaron su camioneta.

Esas acciones fueron encabezadas por el síndico Benito Sánchez Ayala y la regidora priísta Edelmira del Moral Miranda, quienes demandas la destitución de la presidenta municipal.

Cuestionado al respecto, el gobernador dijo que “quien esté asumiendo actitudes violentas que se encuadren en delitos, tendrá que enfrentar las sanciones correspondientes y las averiguaciones que se tengan que iniciar”.

Entrevistado al término de la ceremonia de honores a la bandera, Astudillo Flores dijo que su administración está al pendiente del conflicto que existe en Mártir de Cuilapan y aseguró que su gobierno no cederá ante las actitudes violentas, como las que se registraron este fin de semana.

Sin embargo, aclaró que tampoco abonará a que se incremente la polarización en la zona. “Este gobierno no va a ir a confrontarse; quienes creen que la solución a un conflicto político es la violencia, están equivocados”, precisó.

La administración de la actual presidenta municipal, Felicitas Muñiz Gómez, enfrenta una crisis debido a la polarización política, la cual es encabezada por el exalcalde Crisóforo Nava Barrios.

Para que Muñiz Gómez pudiera instalarse en la presidencia municipal, el año pasado, tuvo que generarse un enfrentamiento entre los pobladores, ya que la oposición a Muñiz Gómez mantenía tomadas las instalaciones del Palacio Municipal.

En mayo pasado, cuatro de los ocho regidores de Apango exigieron al Congreso de Guerrero revocar el mandato a la presidenta municipal, a quien acusan de desviar recursos públicos para su beneficio personal.