Jesús Saavedra

 

Un centenar de activistas y expertos que participan en diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la cual le expresan su preocupación por la inminente presentación de una serie de reformas a la Ley General de Víctimas que representarían “una inminente regresión del desarrollo normativo del Estado” y en específico a la intención de modificar el artículo 1º constitucional que establece: “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos”.

En la misiva firmada por Tlachinollan, entre otras organizaciones, los activistas aceptan la preocupación de que el sistema de atención a víctimas vigente en el país “enfrenta varios retos en cuanto a su operatividad y eficacia”, debido a que en la actualidad, “las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas –particularmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas– han demostrado serias limitaciones para operar con estricto apego al espíritu protector de la Ley y con base en el principio constitucional pro persona”.

Los activistas le dicen al presidente que les “preocupa enormemente el actual clima de desinformación en el que, de manera infundada y desde el desconocimiento de las normas aplicables, se ha afirmado que los derechos de las víctimas del delito se contraponen a los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, concretamente pretendiendo hacer creer que las deficiencias en la atención y reparación a víctimas del delito se deben al reconocimiento de los mismos derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos”.

Consideran que esa “narrativa no sólo polariza a la opinión pública y a la ciudadanía en general que padece la violencia e inseguridad, sino que fomenta la comisión de abusos como la tortura o las violaciones a las garantías judiciales, generando nuevas víctimas al mismo tiempo que socavan el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de delito”.

Por ello le dicen a Enrique Peña que “el debilitar o desconocer los derechos de víctimas de violaciones a derechos humanos, no es una vía para mejorar la atención y reparación a víctimas del delito. No es más que el Estado quien debe corregir las fallas actuales en las instituciones de atención a víctimas y en las prácticas de investigación penal –entre otras cuestiones– para cumplir sus obligaciones de justicia y reparación hacia todas las víctimas. Diversas personas y organizaciones firmantes hemos exigido tal cambio en el marco de nuestro acompañamiento a víctimas de diversa índole”.

Y recuerdan “que el respeto al debido proceso como única manera de llevar a cabo juicios justos y confiables, así como la prohibición expresa de la tortura, son garantías necesarias para brindar justicia a todas las partes. Solamente respetando el debido proceso es posible garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito y el respeto a los derechos humanos. Estos ejes de cualquier Estado democrático no pueden, bajo motivo alguno, supeditarse a discursos beligerantes o populistas”.

“Nos alarma que pese a los diversos señalamientos de mecanismos internacionales, y ante la clara omisión y falta de contundencia por parte del Estado para investigar diligentemente las violaciones a derechos humanos y proteger a las víctimas, éstas sigan siendo estigmatizadas. En muchas ocasiones, el mismo hecho de denunciar violaciones a derechos humanos ha resultado suficiente para que las víctimas sean señaladas como delincuentes. Esto sucede a tal grado que incluso parece que son las propias víctimas las culpables de la ineficiencia del propio Sistema Nacional de Atención que tiene la obligación de atender a todas las víctimas del país”, añaden en el escrito en mención.

Por ello consideran que el Gobierno Federal “debe pública y enérgicamente rechazar cualquier acto o discurso que criminalice y discrimine a las víctimas de violaciones a derechos humanos y que por lo tanto suponga un menoscabo de su integridad, seguridad y dignidad”.

Agregan en la misiva que manifiestan su “rotundo rechazo ante cualquier iniciativa de reforma o abrogación de la Ley General de Víctimas vigente que vaya en perjuicio de los principios y directrices básicos sobre los derechos de las víctimas, incluyendo víctimas de violaciones a derechos humanos. Así también, rechazamos todo intento de excluir del Sistema de Atención a Víctimas, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, ya que ello constituiría un acto regresivo contrario al Principio de Progresividad inscrito en el Artículo 1º Constitucional”.