* Se trata de 4 consejeros del Distrito Electoral 28, incluido el presidente, y el secretario técnico del mismo
Jesús Saavedra
El presidente, cuatro consejeros y el secretario ejecutivo del Consejo Distrital 28 con cabecera en Tlapa, fueron inhabilitados por seis meses de sus cargos, tras comprobarse en una indagatoria interna que actuaron de manera indebida en el proceso electoral de junio del año pasado, de manera particular en la elección de presidentes municipales de Metlatónoc e Iliatenco en la región de la Montaña.
Además de esa sanción aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCG), se acordó notificar de la resolución a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEPADE) a petición de los representantes del PRD, Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes pedían la sanción máxima de inhabilitación de cinco años.
Este jueves, el IEPCG sesionó y desahogó dos dictámenes de la Contraloría Interna de ese órgano para desahogar dos expedientes que se iniciaron contra el presidente del Consejo Distrital 28, Israel Robles Castro; los consejeros distritales, Miguel Ángel Escamilla Rodríguez, Abraham Ramírez Garzón, Crisanto Flores González y Libertad Arias Leal, además del secretario ejecutivo, Paulino Moreno Ortiz.
Al presidente, los cuatro consejeros y al secretario, los acusaron de alterar actas y realizar actividades fuera de la normatividad en la elección de los municipios de Metlatónoc e Iliatenco, donde por muy pocos votos en una primera instancia salieron ganadores los candidatos del PRD, en ambos casos, y tras un pleito jurídico los tribunales terminaron por revocar el conteo oficial del Consejo Distrital 28 y dar por ganadores a los candidatos de MC, hoy alcaldes en esos municipios de la Montaña.
El primer dictamen establecía la revocación del nombramiento del presidente del consejo, además de una amonestación pública para él y los cuatro consejeros, que tiene que ver con la elección de Metlatónoc y por la reincidencia en el segundo dictamen de la elección de Iliatenco, se propuso una sanción de seis meses de inhabilitación y donde se incluye ya al secretario de ese consejo.
La propuesta provocó la inconformidad de los representantes de varios partidos. Jesús Tapia Iturbide, de MC, criticó que solo se propusiera una “leve sanción porque quedó acreditado que se hicieron recuento de votos de manera indebida que pudo traer un enfrentamiento social muy grave en la Montaña, la sanción que se impone no agota la finalidad de la pena de evitar ese tipo de conductas, la suspensión de seis meses no son ejemplares por la gravedad de los hechos en que incurrieron los funcionarios”.
Ramiro Alonso de Jesús, del PRD, dijo que “tal vez sea insuficiente la sanción a los malos funcionarios, pero no deja de ser inédita la sanción, no se había castigado a funcionarios que han violado la ley, hay disposición y buena voluntad de la Contraloría, es la conclusión de lo que se pudo observar a través de las documentales del expediente y plantearía que este consejo donde se de vista a la FEPADE, esos mismos funcionarios están acusados en otros expedientes penales y que se integre al expediente”.
El representante de Morena, Israel Robles consideró que era grave porque “falsificaron documentos electorales para mentir, estamos hablando de pillos electorales, de que hicieron fraude electoral, es una sanción pírrica solo seis meses de inhabilitación y debe de ser hasta cinco años lo máximo que permite la normatividad, esos consejeros distritales estuvieron a punto de provocar un problema social, me sumo a que se de vista a la FEPADE”.
La presidenta del IEPCG, Marisela Reyes, consideró que los dictámenes se trata de sanciones “que dejan precedente y manda un mensaje de que servidores públicos debemos acatar la ley y a cumplir con los principios de la ley electoral”.
La consejera Alma Delia Eugenio Alcaraz corrigió la propuesta de los representantes de partido y dijo que lo correcto era notificar del acuerdo a la FEPADE y no dar vista, lo que se agregó a los dos dictámenes.
El representante del PRI, César Julián Bernal, dijo que “nadie debe estar por encima de la Ley, si esos servidores cometieron actos que van contra la normatividad que se sancione” y se reservó a nombre del tricolor “el derecho de analizar si las penas establecidas cumplen con los requisitos”.
El órgano electoral informó que los inhabilitados están en su derecho de impugnar esa resolución.
En la misma sesión se aprobó la adecuación de la estructura organizacional del IEPCG, para dar cumplimiento al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.