* El fiscal del estado explicó que hay órdenes de aprehensión contra profesores que han vandalizado y dañado oficinas de gobierno, pero no se han cumplimentado para evitar reacciones del magisterio
* La Policía Ministerial no tiene elementos suficientes para enfrentar la escalada de violencia y perseguir delitos, admite
Fernando Hernández
El fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, reconoció que la Policía Ministerial (PM) no cuenta con los elementos suficientes para hacer frente a la escalada de violencia que se vive en la entidad y perseguir los delitos.
Agregó que se ha avanzado con la depuración de la PIM, pero “tampoco nos podemos quedar sin policías, entonces vamos a ir haciéndola poco a poco”.
Cuestionado sobre el hallazgo en Chilpancingo de los cadáveres de tres hombres originarios de la comunidad de Jaleaca de Catalán, Olea Peláez dijo que “en Chilpancingo, detuvimos a El Bombón –Onésimo Castillo— y esto bajo los homicidios casi a cero, hoy está pasando que vienen los ajustes y son varios los grupos que operan la cuestión de la extorsión y los homicidios, más la venta y el trasiego de droga y esto ha provocado los ajustes”, explicó.
Indicó que en Chilpancingo no operan “más de cinco células delictivas”, pero que en la zona Centro no se observa la presencia de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o la Familia Michoacana.
Indicó que las organizaciones delictivas acuden a la región Centro del estado a establecer contacto para comprar heroína que se produce en Guerrero. “La heroína guerrerense es muy demandada en los Estados Unidos, en virtud de que se fuma, ya no se inyecta”, precisó.
Por otra parte, señaló que hay órdenes de aprehensión contra maestros de la CETEG, pero justificó que no se ejecutan para evitar reacciones del magisterio disidente.
Consultado al salir de Casa Guerrero, a donde asistió para participar en una reunión privada encabezada por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, el titular de la FGE reconoció que las órdenes de arresto en contra de maestros que han ocasionado desmanes y destrozos en oficinas públicas de la Secretaría de Educación Guerrero, existen desde el año pasado.
Sin embargo, justificó que “hemos tratado de ser prudentes, porque sus efectos de cumplimiento de las órdenes de aprehensión pueden crear ciertos problemas de índole político”, expuso.
Afirmó que arrestar a integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) no causaría inestabilidad, pero sí sería un “acto político irracional” de la Fiscalía.
“No quiero decir que hay circunstancias políticas, porque la Fiscalía no puede intervenir en cuestiones políticas, sino cumplir con su deber”, acotó después.
Asimismo añadió que las ordenes de aprehensión “se van a ir cumpliendo” con el tiempo.