Unánime rechazo social y sindical por la violencia y agresiones de la CNTE-CETEG.— Condena el SNTE la barbarie de la Coordinadora.— Enorme desorden y corrupción dejaron gobiernos perredistas en las finanzas estatales
Enrique Vargas
Los abusos, excesos y la violencia que utilizan los integrantes de la dupla CNTE-CETEG alcanzan niveles inaceptables y por eso la sociedad los repudia con firmeza, aunque parezca que hay grupitos de padres desorientados y manipulados que dicen apoyar a los paristas, sin conocer las razones que llevan a sancionar y despedir a quienes se niegan a trabajar con las nuevas reglas de la Reforma Educativa, que busca el mejoramiento y la superación del sistema educativo del estado y del país.
El gobernador Héctor Astudillo planteó por eso que debería pedirse su opinión a la ciudadanía en general, para que exprese su sentir respecto a los problemas que provoca ese grupo minoritario de maestros en las principales ciudades del estado, especialmente Acapulco y Chilpancingo.
En especial rechazó el mandatario la agresión contra el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, y que lo hayan obligado a emitir una postura sobre la situación educativa actual.
Claro que es necesario que haya protección para los funcionarios que pueden ser afectados y los maestros que se mantienen en sus aulas y que rechazan la acción vandálica de los cetegistas estatales.
De los agravios cometidos en Chiapas contra maestras y maestros de edad avanzada, planteó el mandatario que se trata de ofensas “que no debemos permitir y que no corresponden a quienes se dedican a educar al país”.
SE ADVIERTE QUE EL GOBIERNO del estado prefiere aplicar la tolerancia, para no usar a la policía en contra de los dos grupos de vándalos cetegistas, en especial el más violento de Antonia Morales, para no darles argumentos de supuesta represión; sin embargo, es necesario evitar que las ofensas contra los maestros y funcionarios que trabajan lleguen hasta niveles tan bajos como en Chiapas, lo que se propicia con el exceso de impunidad que se les garantiza.
CONDENA EL SNTE LA BARBARIE DE LA COORDINADORA que se manifestó en la agresión contra maestras y maestros de Chiapas, por lo que exigió castigo para los responsables y demandó a las autoridades estatales y federales tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad de los docentes que cumplen con responsabilidad, además de rechazar la impunidad con que se conducen.
Señala la dirigencia nacional del SNTE que la indignación es mayor cuando se atenta contra las personas de manera “cruel y despiadada”, lo que permite también mostrar la diferencia entre los hechos brutales de la CNTE, a diferencia de los maestros del SNTE que defienden la escuela pública y sus derechos laborales y profesionales.
Este rechazo a la violencia y la exigencia de que se haga justicia, emitidos por el CEN del SNTE, fueron ampliamente respaldados y hechos propios por el secretario general de la Sección 14 del SNTE, profesor José Hilario Ruiz Estrada.
ENORME DESORDEN Y CORRUPCIÓN DEJARON GOBIERNOS PERREDISTAS EN LAS FINANZAS ESTATALES.— Acciones desordenadas y populistas de gobiernos anteriores provocaron un amplio desorden en las finanzas públicas, porque dentro de esas acciones para frenar las protestas de la burocracia, algunos gobernadores se dedicaron a entregar “bonos” por muy diversos motivos que ahora impactan considerablemente en las buenas cuentas, ya que anualmente representan una erogación de 700 millones de pesos, y es por eso que a Guerrero, dentro de ese desorden, se le conoce como el “estado del bono”.
Estos problemas que ahora arrastra y enfrenta el gobierno de Héctor Astudillo los expuso el secretario de Administración y Finanzas del gobierno, Héctor Apreza Patrón, quien también plantea que hay un exceso de personal en las nóminas oficiales, al grado de que si se quitara al 40 por ciento de los trabajadores, el aparato administrativo seguiría funcionando muy bien.
Sin embargo, debe considerarse que el gobierno del estado y los municipios son los principales y mayores empleadores del estado, y seguramente eso es lo que ha provocado que creciera tanto la contratación de empleados y trabajadores, porque también es una forma de darles empleo a quienes no tienen donde colocarse para obtener el sustento necesario.
Además, efectivamente podría retirarse a un 40 por ciento de los empleados y esos serían los que tienen empleo por contrato de 6 meses, que son los que sacan el trabajo necesario para que la administración estatal funcione, porque los de base se saben inamovibles y por lo mismo no trabajan un minuto más de su horario y son los que reciben bonos y otras prebendas.
Confirmó que el desorden administrativo y el desbarajuste en las cuentas, aparte del personal, se produjo por el manejo desaseado e irregular que se produjo durante los dos gobiernos perredistas y el sustituto que acabó de empeorar las cosas.
DE LO QUE NO HAY DUDA es que dejaron muchas irregularidades, como en el caso de la Secretaría de Salud, donde la Auditoría Superior de la Federación determinó que hay “señalamientos personales”, por el déficit financiero de 4 mil millones de pesos, que se arrastran desde los tiempos de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre Rivero.
Sobre esa delicada situación, el titular de la SSa, Carlos de la Peña Pintos, aseguró ante el Grupo Aca que hay nombres bien definidos de ese desfalco, pero que no le correspondía a él mencionarlos, pero que el caso “ya está en manos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que eso ya implica un proceso a nivel federal y de la Contraloría del Estado, pero confirmó que son varios personajes de la pasada administración.
Seguramente que por alguna relación con ese caso y otros que están pendientes de esclarecer, fue que el ex secretario de Finanzas del gobierno de Rogelio Ortega, Eliseo Moyao Morales, solicitó un amparo a fin de evitar ser aprehendido, porque hay averiguaciones previas sobre desvío de recursos a campañas políticas, que está en manos de autoridades federales de procuración de justicia. Otros ex funcionarios más deben estar en una situación semejante, en especial los del área de la Secretaría de Salud, que es donde mayores problemas se han registrado.
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