* La presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve, condenó el asesinato del periodista Francisco Pacheco
* Buscan diputados comparecencia del gabinete de seguridad del estado
Fernando Hernández
El Congreso del Estado aprobó el dictamen de la comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia mediante el cual se llama al presidente, Enrique Peña Nieto y a la procuradora, Arely Gómez, a que ponderen extender la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha colaborado con las investigaciones relacionadas con los hechos del 26 de septiembre del 2014 donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El en su momento, el dirigente de MC, Ricardo Mejía Berdeja, sostuvo que “a unos días de que concluya el periodo del GIEI, el próximo 30 de abril, hacemos un último llamado al gobierno federal para que busque la continuidad de los trabajos”.
Señaló que la propuesta es una construcción consensuada de la posición del Congreso respecto a un tema de alto interés para la justicia, verdad y resarcimiento de los hechos que se presentaron la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. Que originalmente fue presentada el 5 de abril y rechazada como un urgente de urgente resolución por la mayoría en el parlamento que tienen el PRI y el PVEM.
En el mismo tema, la diputada por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, señaló que el caso de la desaparición de los 43 carece de justicia “que no sólo es exigida por los padres, sino por la sociedad que pide la verdad, la cual es necesaria para dar certidumbre”.
Esta vez el pleno aprobó por unanimidad el dictamen que emitieron las comisiones de Derechos Humanos y Justicia está ultima presidida por el priista, Héctor Vicario Castrejón.
En una segunda sesión la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo condenó el asesinato del periodista de Taxco, Francisco Pacheco Beltrán: “Con profunda consternación y repudio quiero dejar en claro que no es posible que se atente contra la libertad de expresión, quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Francisco Pacheco somos testigos del profesionalismo con el que se rigió en su trayectoria dentro del medio”
Agregó que “la violencia contra periodistas, no solo es la privación de una vida, sino es un atentado contra el derecho humano de opinión y libertad de expresión”.
Antes de la sesión de ayer, el Pleno guardó un minuto de silencio a petición de la diputada María de Jesús Cisneros por el asesinato del regidor de Tecpan, Víctor Manuel Camacho Urióstegui y de su chofer, Oliverio Molina Díaz. El diputado priista, Héctor Vicario, también solicitó un minuto de silencio por el homicidio del reportero Francisco Pacheco, ocurrido la mañana del lunes en Taxco.
El diputado perredista, Sebastián de la Rosa Peláez, presentó un exhorto para que el fiscal, Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad del estado, Pedro Almazán Cervantes, y el de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sean citados a comparecer en una reunión con la Comisión de Gobierno, para que expliquen el proceso de instrumentación de estrategias de seguridad pública, y procuración de justicia en la entidad.
Ante la falta de consenso del acuerdo que presentó ante el pleno, de última hora solicitó al presidente de la Mesa Directiva, Carlos Reyes Torres, que no fuera votado de urgente y obvia resolución, y sea puesto a disposición de la Comisión de Gobierno para análisis.
Expuso que la situación de violencia e inseguridad que se vive en la entidad, “se ha convertido en el problema de más alta prioridad y de atención urgente por parte de los tres órdenes de gobierno”.
Abundó que el objetivo de la reunión es ubicar los logros y dificultades a las que se enfrenta el estado para detener la ola de violencia que se vive y construir de manera conjunta los mecanismos que le permitan al Congreso contribuir a garantizar las condiciones de seguridad y justicia en la entidad.
“Queremos que el Congreso convoque, no a una comparecencia, sino a una reunión de trabajo. No estamos predispuestos al ejercicio de una facultad de fiscalización a ultranza; reconocemos los esfuerzos que los distintos órdenes de gobierno han sumado para la construcción de una estrategia conjunta, pero queremos conocer cuáles han sido las dificultades para avanzar ante el incremento de la violencia, para incorporarnos como poder público a la búsqueda de las mejores alternativas de solución”, aseguró.