* “Para nosotros los estudiantes siguen desaparecidos” y “no podemos decir que están muertos”, aseguran los expertos de la CIDH, quienes omiten hablar sobre la identificación positiva de Alexander Mora Venancio a partir de restos calcinados hallados en el basurero de Cocula

 

Redacción

 

A pesar de que al menos uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, fue identificado positivamente por expertos de la Universidad de Innsbruck, Austria, a partir de los restos calcinados encontrados en el basurero de Cocula, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que “para nosotros los estudiantes siguen desaparecidos, no hay evidencia de que hayan sido asesinados y por lo tanto no podemos decir que están muertos”.

En declaraciones hechas al periodista Ciro Gómez Leyva, la abogada colombiana Ángela Buitrago, integrante del GIEI, destacó que el estatus que mantienen para los estudiantes de Ayotzinapa es el de desaparecidos y que el Estado mexicano tiene líneas abiertas qué seguir y dar con su paradero.

Francisco Cox, otro integrante del GIEI, coincidió con Buitrago y ambos revelaron que las entrevistas que realizaron a casi todos los implicados y detenidos en el caso, incluyendo a los integrantes de Guerreros Unidos y a José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, serán reservadas como medida cautelar por la CIDH y la Procuraduría General de la República no tendrá acceso a esos materiales.

El abogado chileno señaló que el ex edil perredista les ratificó la versión de que después del informe de la presidenta del DIF, la noche del 26 de septiembre, se fueron a cenar y posteriormente a su casa, que sí tuvo comunicación con autoridades de Seguridad Pública de Guerrero y que él le había llamado a Felipe Flores, jefe de la policía municipal, quien le dijo que no había pasado nada.

De acuerdo con Buitrago, una de las conclusiones de su trabajo en México es la determinación de que esa noche hubo una coordinación cerrada, controlada por anillos de seguridad en la carretera de Iguala a Chilpancingo y cerca de 80 km a la redonda y para lograrlo tuvo que haber existido un coordinador y múltiples canales de comunicación, por lo que esto tiene que ser investigado.

Para los especialistas, el trabajo que realizaron es solo una parte del proceso por lo que coincidieron en que “no hay que apurar los procesos”, pues en el caso de desapariciones forzadas las investigaciones llevan años.

Los expertos sostienen que es la primera vez que investigan un caso en el que la agresión es masiva, tal y como lo demuestra el homicidio de 6 personas la noche del 26 de septiembre. Tres de ellos eran normalistas mientras que los otros corresponderían a población civil e integrantes del equipo Avispones de Chilpancingo.

Sin embargo, los expertos de la CIDH omiten hablar sobre la identificación positiva del normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos, a partir de los restos calcinados que fueron encontrados por peritos de la Procuraduría General de la República en el río San Juan de Cocula, luego de que sicarios de Guerreros Unidos confesaron, por separado, haber asesinado e incinerado a un numeroso grupo de personas que les habían sido entregadas en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 por policías municipales de ese mismo municipio.

De hecho, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –que a petición de los familiares de los jóvenes participó en la investigación— en ningún momento cuestionó los resultados emitidos por los expertos de la Universidad de Innsbruck sobre la identificación positiva de Mora Venancio, aunque informó que no fue testigo del hallazgo del fragmento que culminó con la identificación del normalista, en los primeros días de diciembre de 2014.

Recientemente, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, reconoció que los estudiantes fueron desaparecidos y asesinados por sicarios de Guerreros Unidos, lo que contradice la postura de los expertos del GIEI.

“Lo que más queremos es que se castigue a Guerreros Unidos. Nuestra preocupación (es que) sigue estando intacto desde nuestro punto de vista en Iguala, no ha sufrido un desmantelamiento. Nosotros no tenemos por qué proteger a criminales, y menos a la gente que, junto con la policía desapareció a nuestros compañeros y los asesinó. Creo que es absurdo querer vincularnos con un grupo que mató a nuestros compañeros, que mató a nuestros hijos, está fuera de toda lógica”, dijo el activista de Tlachinollan en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola a principios de este mes.