* A casi tres años de los daños provocados por las lluvias, 5 proyectos del Plan Nuevo Guerrero están suspendidas por la Profepa porque no tienen estudios de impacto ambiental
* “Antes de terminar el año, se deberán reiniciar las obras”, promete José Manuel Armenta Tello, delegado de SEDATU
A casi tres años de la destrucción que ocasionaron las torrenciales lluvias generadas por las tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ en Guerrero, la reconstrucción de viviendas es un verdadero fraude, pues con la clausura de las obras de reubicación de viviendas en Mochitlán y Zumpango, municipio de Eduardo Neri, son cinco obras ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), las que están clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa)
El 6 de octubre de 2015, la Profepa clausuró de manera total temporal el proyecto “Reubicación y Construcción de Vivienda Nueva”, de lo que sería la nueva comunidad de Azinyahualco, en el Ejido de Zoyatepec, municipio de Chilpancingo, por no contar con la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, así como el estudio de impacto ambiental.
Inspectores federales constataron que se trataba de un terreno de 30,000 metros cuadrados, en los cuales se llevó a cabo la remoción total e ilegal de vegetación forestal, para la construcción de 93 viviendas.
Asimismo, observó que el avance de construcción es de 17 casas en obra negra, de las 93 que se pretenden edificar en terrenos forestales; por lo que personal de la PROFEPA aplicó como medida de seguridad, la clausura total temporal del proyecto, por lo cual se colocaron dos sellos con la leyenda de clausurado.
La segunda obra fue la reubicación del fraccionamiento en la comunidad de Papagayo, clausurada por la dependencia federal el pasado 6 de abril, al no cumplir con los permisos ambientales correspondientes.
Allí se construyen 27 de las 34 casas destinadas para familias damnificadas por los fenómenos meteorológicos ‘Manuel’ e ‘Ingrid’.
Las viviendas con paredes de madera y techos de láminas de asbesto fueron sobrepuestas en tablas embarradas de cemento que simulan un piso firme, pero éste fue colocado sobre troncos de madera de 10 a 15 centímetros de diámetro y aproximadamente un metro de alto, y la mayoría de ellos han comenzado a podrirse antes de que las casas sean entregadas a las familias.
El jueves, la Profepa clausuró dos proyectos más de reubicación y construcción de vivienda en los municipios Mochitlán y Zumpango, que forman parte del “Plan Nuevo Guerrero”, por no contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
En el Proyecto Mochitlán se construyen 10 viviendas nuevas sobre una superficie de dos mil 400 metros cuadrados y se constató la afectación de vegetación forestal clasificada como selva baja caducifolia, dichas viviendas son de 50 metros cuadrados construidas a base de materiales como paredes de concreto y tabicón, piso de concreto, techo con bases metálicas cubiertas con lámina de asbesto, que se encuentran con un avance de obra de 95 por ciento, bajo la responsabilidad de la empresa TEMYS Construcciones, S.A. de C.V.
En el caso del Proyecto Zumpango, situado en el municipio Eduardo Neri, se construyen 30 viviendas nuevas en una superficie de seis mil 500 metros cuadrados donde se detectó que en esta zona se está afectando también vegetación de selva baja caducifolia y matorral espinoso, así como vertimiento de suelo en una barranca ubicada al sur del proyecto.
Esta última obra está cargo de la empresa Caraza Diseño y Construcción S. A. de C. V., así como Nacional de Aceros S. A. de C. V., ambas contratadas por la Sedatu.
Otro caso donde la Profepa canceló las obras de reconstrucción de viviendas para damnificados de las tormentas ocurridas en septiembre del 2013, es en “Las Joyitas”, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), cuyas casas se construían en el ejido de la comunidad sin que se haya presentado previamente un estudio de impacto ambiental.
Antes de terminar el año deberán haber reiniciado las obras, se compromete Sedatu
Entrevistado vía telefónica, el delegado de la Sedatu en Guerrero, José Manuel Armenta Tello habló sobre esta serie de clausuras de proyectos de reubicación que ha estallado la inconformidad de los damnificados quienes amagan con iniciar acciones radicales. Argumentó que la delegación a su cargo encontró una serie de irregularidades que a su llegada intentaron resarcir.
Sin embargo, la intención de regularizar los predios que no contaban con los permisos requeridos, detonaron en la clausura de las obras por parte de la Profepa.
Tras una solicitud que se hizo a la delegada de la Profepa en Guerrero, Maricela Ruiz Massieu, de regularizar los predios se encontraron con que varios no contaban con los estudios de Cambio de Uso de Suelo y de Impacto Ambiental, por lo que se procedió a la clausura para reiniciar los trámites, esta vez para que no haya contratiempos.
Armenta Tello se reunió en la ciudad de México el pasado viernes en la ciudad de México con autoridades federales, para buscar que se regularicen los predios y reiniciar la construcción de viviendas.
Refirió que en el caso de la comunidad de Azinyahualco se está buscando asignar la obra a una nueva empresa, toda vez que la anterior, “Constructora 15”, no cumplió con los requisitos de construcción y abandonó la obra, con solo 14 viviendas iniciadas.
El fraccionamiento ubicado en el Ejido de Zoyatepec, ya ha empezado a ser víctima de saqueo, tabicón, alambre, armes y hasta los equipos de aire acondicionado instalados en las escuelas ha empezado a ser desmontado.
Armenta Tello, refirió que este no será problema, pues al asignar la obra a una nueva empresa, se hará un inventario de lo que antecesora dejó, y a partir de ahí se iniciará con la reconstrucción, y serán otras dependencias quienes hagan las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades.
Hasta ahora, informó se ha avanzado con la integración de información, con trabajo de gabinete, para que se puedan generar las condiciones y continuar las obras.
Sobre las desafortunadas declaraciones que de acuerdo con el comisario de la comunidad Juan Torres, que habría realizado un funcionario de la Sedatu en una reunión, dijo que en ningún momento se aprobarán tales actitudes y que de ser así no representan para nada el sentir de la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga.
Respecto al malestar de los damnificados y las comunidades, dijo entender la molestia, pues han pasado dos años y medio y la situación se complica, además de que siguen viviendo en zonas de alto riesgo. (Con información de API)