* Expertos de la CIDH afirman haber perdido la confianza y credibilidad en la Procuraduría General de la República después que ésta decidió de manera unilateral revelar el informe del tercer peritaje en el basurero de Cocula
* Desestiman la conversación entre Vidulfo Rosales y el señor Mario González en la que hablan de un dinero que supuestamente habrían entregado Guerreros Unidos a los padres de los 43 desaparecidos
Redacción
Después de asegurar que le han perdido la confianza y credibilidad a la Procuraduría General de la República porque informó de manera unilateral los resultados del tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula, los integrantes del Grupo Independiente de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron la difusión de un video-audio en el que se escucha a uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Mario González, y el activista de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, conversando sobre la supuesta entrega de 200 mil pesos de parte del grupo criminal Guerreros Unidos a los familiares de los jóvenes no localizados.
En conferencia de prensa que ofrecieron en el Museo Memoria y Tolerancia, los cinco integrantes del GIEI señalaron que cumplirán con la presentación del informe final de este su segundo mandato, el cual termina el próximo 30 de abril, pero advirtieron que al presentar la PGR un tercer peritaje que tenía carácter de preliminar como un informe concluyente, ya no trabajarán con las autoridades mexicanas en el desarrollo de esta línea de investigación.
Aseguraron que la difusión de esa información, hecha la semana pasada por el subprocurador Omar Betanzos y el experto en comportamiento del fuego Ricardo Damián Torres, rompió la confianza que había entre las partes, por lo que abandonan esa parte de la investigación para dedicarse en el informe final de su segundo periodo de mandato, que presentarán en unas semanas.
“El Grupo no seguirá colaborando en este caso (el peritaje en el basurero de Cocula) con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que sólo contribuirá a la confusión y descrédito”, dijo la guatemalteca Claudia Paz, quien confirmó que “hemos pedido a la Procuraduría la realización con todos los peritos de fuego, los integrantes del GIEI y la propia PGR para aclarar lo sucedido”.
La abogada Paz y Paz insistió que la PGR, al romper los acuerdos de confiabilidad y consenso que habían establecido, “ha contribuido de forma determinante al quiebre de la confianza y ha supuesto un nuevo impacto en los familiares”.
Señaló que hasta el momento el GIEI desconoce el contenido íntegro del tercer peritaje y se quejó de que incluso, cuando lo solicitaron directamente a los peritos, ellos negaron proporcionárselos por una cláusula de confidencialidad.
Por su parte, la ex fiscal colombiana, Ángela Buitrago, precisó que el GIEI “sigue trabajando con la PGR (Procuraduría General de la República) y seguimos generando búsqueda de pruebas. Se va a terminar (su participación en el caso Iguala) si no se llega a la reunión del viernes con los peritos, a oír las explicaciones correspondientes en el caso de este tercer o cuarto peritaje, ahí es donde se cierra”.
Añadió que “nosotros estamos comprometidos a seguir trabajando en la investigación de la PGR hasta que el mandato se termine, que es nuestro compromiso con México y con las víctimas”.
Otro de los expertos del GIEI, el sicólogo español Carlos Beristain, aclaró que seguirán trabajando con la PGR en las demás líneas de investigación, en espera de la determinación de si se permanecen para otro periodo de trabajo.
“El GIEI ha señalado a las autoridades que cumplirá con el trabajo que lo ha convocado al país, se centrará en el informe del trabajo con las víctimas, la revisión del expediente y la ley de desaparición de personas en curso, y que no seguirá trabajando con la PGR en esta cuestión”, dijo refiriéndose al tercer peritaje.
Beristain explicó que su permanencia en México, que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación concluirá el próximo 30 de abril, recae en la CIDH, la cual tendrá que evaluar si solicita al Estado Mexicano un nuevo periodo de mandato para los expertos.
El abogado chileno Francisco Cox Vial resaltó que en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el tercer peritaje fue ordenado para identificar “la dinámica de fuego, cuánta carga de combustible, qué es lo que pasa con los cuerpos, y no sobre antropología forense”.
Por otra parte, cuando reporteros les preguntaron sobre la difusión de conversaciones en donde supuestamente se vincula al abogado Vidulfo Rosales Sierra y a uno de los padres de los normalistas desaparecidos con supuestos reclamos de dinero por integrantes de la delincuencia organizada en Guerrero, Claudia Paz aseguró que “el derecho a informar tiene límites”, pero dijo que “no se pueden poner a familiares defensores o abogados aparatos para escuchar sus conversaciones”.
Consideró que estas escuchas ilegales han sido “descontextualizadas para generar un impacto mediático, ahora en contra de las víctimas que han sufrido lo que ha sufrido”.
Paz y Paz también calificó como “un caso espurio” la demanda contra el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza (y ante la cual la PGR se pronunció por la no acción penal).
“No sólo es la difusión de mentiras, sino hasta de denuncias espurias”, que desde su punto de vista han “generado obstáculos en la investigación y en el trabajo de los expertos que solo buscan una reparación integral de más víctimas”, acusó.
“Estamos aquí por México y por los mexicanos, por más que haya estrés, amenazas o elementos de distorsión. Estamos aquí para hallar la verdad sea donde sea y este donde este”, finalizó Carlos Beristain.
A lo largo de los casi 12 meses que ha participado como coadyuvante en la investigación que hace la PGR, el GIEI no ha planteado hasta el momento ninguna nueva hipótesis sobre el caso Iguala y el probable destino de los 43 normalistas desparecidos, y se ha limitado a poner en entredicho la versión oficial que está basada en declaraciones y confesiones de sicarios de Guerreros Unidos detenidos, quienes admitieron –por separado— que en el basurero de Cocula recibieron, mataron e incineraron a un numeroso grupo de personas, para después triturar sus restos y aventarlos en el río San Juan, que está cercano al sitio.