Jorge VALDEZ REYCEN

  • Herencias malditas” de Zeferino y “Royer”
  • Abogángsters ayudaron a despedidos
  • Gran negociazo: “me despiden, demando”

Cuando arribó Zeferino Torreblanca Galindo al gobierno de Guerrero, en abril del 2005, comenzó una salida masiva de servidores públicos de la administración estatal. La amenaza fue el despido y se cumplió. Más de mil 200 trabajadores fueron echados a la calle.

Zeferino fue el peor gobernador en materia laboral. En su gobierno se hundió en la crisis financiera el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) y el sindicato fue acicateado por José Luis Zuzuarregui Soberanis, director de Administración y Desarrollo del Personal y artífice de la implacable y feroz cacería contra “los priístas”.

El extinto Zuzuarregui Soberanis, en 2008 enfrentó la acusación de un fraude por siete millones de pesos y estuvo sujeto a investigación, luego de que María Hortensia Galeana Ortiz, exdirectora de nóminas en Recursos Humanos, lo señaló directamente de urdir la fraudulenta operación financiera con tarjetas bancarias.

Misteriosamente el entonces secretario de Finanzas, Carlos Álvarez Reyes, lo exoneró de cualquier cargo.

Fue una época de sobresaltos y corrupción. Muchos permanecieron en la nómina del gobierno y con los cambios sexenales tuvieron que haber renunciado, pero no. Esperaron a ser despedidos y demandaron. Hubo abogados que se prestaron al cochupo y no respondieron las demandas laborales que terminaron en laudos a favor de los demandantes. Fue el negocio redondo.

Con el mismo argumento, con Rogelio Ortega Martínez hubo liquidaciones millonarias, pagos de finiquitos y demandas laborales cuantiosas. Total que el negocio se infló a dos mil millones de pesos con cargo al gobierno y a los impuestos que los guerrerenses pagamos.

El reproche es a quienes demandaron cantidades fabulosas o se prestaron al negocio denigrante, de ser corrido y obligar mediante triquiñuelas legaloides al pago. Ese asunto debe ser motivo de análisis, pues hablamos de servidores públicos que tuvieron un encargo, responsabilidad y ahora incurren en un quebranto impagable, en aras del cumplimiento de la ley.

Héctor Apreza Patrón confiesa que hubo componendas de abogados representantes de trabajadores despedidos que de manera corrupta pactaron mediante el pago de dinero que se favoreciera a sus clientes, con argumentos y tácticas a todas luces ilegales. Esa es la mafia a la que alude Apreza Patrón.

Lo que debe aterrizarse ahora con el Código de Ética es que todos los servidores públicos que incurran en este tipo de prácticas supuestamente legales o amparados por la ley laboral, por ese antecedente, no sean recontratados, por la violación a la ética y por el quebranto a la institución a la que juraron servir con honestidad y responsabilidad. Ya no tienen confiabilidad. Y eso debe ser motivo para no recontratarlos. De hacerlo, se estaría fomentando el negocio de las mafias denunciadas por Apreza y a seguir en ese círculo vicioso de despido-demanda-laudo y luego recontratación con otro gobierno.

Y que viva la corrupción, el cochupo y los laudos millonarios.

El lanzamiento del código de ética debe incluir que aquellos que hoy reclaman laudos por dos mil millones de pesos, y que son precisamente ex servidores públicos, no sigan depredando a tarascadas el ya de por sí exiguo presupuesto destinado al desarrollo de los guerrerenses.

Roberto Álvarez Heredia y Héctor Apreza Patrón deben dar resultados en esta materia.

Nos leemos mañana… SIN MEDIAS TINTAS.

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