* El abogado Manuel Olivares se molestó porque no lo dejaron entrar a la reunión de familiares de desaparecidos con el gobernador Héctor Astudillo y el subsecretario Roberto Campa
Jesús Saavedra
CHILAPA.— El presidente del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Manuel Olivares Hernández, dijo que están valorando con familiares de 57 víctimas de desaparición forzada de personas en Chilapa, pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer estos hechos ante la impunidad que prevalece en esos casos.
El activista se quejó de que este viernes fue excluido de una reunión que sostuvieron familiares de desaparecidos en Chilapa con el subsecretario de Gobernación, Arturo Campa Cifrian, y el gobernador Héctor Astudillo Flores.
“Es preocupante que las autoridades sigan en una postura de no ver el problema de los desaparecidos, así como los nulos avances que se tiene en la búsqueda de las personas desaparecidas”, aseveró.
Manuel Olivares recordó que el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” brinda asesoría y acompañamiento a las familias “en esta lucha, en esta búsqueda de sus familiares; hoy nos encontramos con la decisión del gobernador de que nosotros no podíamos estar en esta reunión argumentando que es una reunión con familiares de los desaparecidos”. Dijo.
Añadió que “para nosotros es lamentable porque estamos acompañando a esas personas y hay un temor grande de que nosotros estemos presentes y conozcamos la información”.
El abogado dijo que como organización no gubernamental les “preocupa que desde el 27 de enero se haya llevado a cabo un operativo ostentoso, mediático y hasta ahora no existe un indicio de los resultados de este operativo que se harían en un mes, ya llevamos dos meses y finalmente resultados no los hay”.
Indicó que hay 14 desaparecidos de cuando irrumpieron en esta ciudad hombres armados con el pretexto de ser autodefensas el 9 al 4 de mayo, y advirtió que “si los familiares de las víctimas lo quieren, los llevaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se ha demostrado que es un crimen de lesa humanidad lo que ocurrió, son desapariciones forzadas de personas, estaba el Ejército, la Policía Federal, la Gendarmería cuando sucedieron los hechos y prácticamente la gente que entró a la cabecera actuó delante de la institución militar y los diferentes grupos de la policía”.
Olivares Hernández dijo que esos casos son de desaparición forzada “porque fueron hechas con el consentimiento de todas esas autoridades militares y policiacas”.
Exigió “conocer los avances de enero a la fecha de este tema, en qué estado se encuentran las averiguaciones previas que se iniciaron ante la Fiscalía y otras en la PGR, en ninguna de esas instancias no hay avances”.
Sostuvo que en el caso de Chilapa “se pudiese solicitar a la CIDH la formación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que sea éste el que descubra y esclarezca las negligencias que se han cometido en el gobierno federal y estatal”.
Finalmente dijo que en Chilapa tienen documentados a 57 personas desaparecidas forzosamente, “hay otro número considerable que no se ha decidido a denunciarlo, pero nos preocupa que los hechos del 9 al 14 de mayo del año pasado y no hay ningún resultado”, finalizó.