Juan José Romero
Luego de haber permanecido por más de un año sin presupuesto a consecuencia de diferencias con el entonces fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE), Jesús Zamora Muñoz, aseguró que para este año su presupuesto está asegurado.
Informó que luego de sostener una reunión con el actual fiscal, Xavier Olea Peláez, “nos pusimos de acuerdo” y a partir de febrero comenzaron a liberar el recurso correspondiente.
“Yo no estoy buscando culpables, ni reposiciones sino solución, lo que tiene que hacerse, el tiempo está caminando y no nos vamos a fijar, a mirar atrás lo que queremos todo que está ahorita en el presente y lo que venga en adelante, lo que quedo atrás va a ser un poquito complicado en ese aspecto de estar exigiendo que nos los reintegren”, expuso.
Y es que en su momento, Zamora habría denunciado la falta de recursos para poder llevar a cabo su trabajo, incluso para poder realizar algunos trámites, tuvieron que poner de sus ingresos para “sacar el trabajo”.
A pesar de no ser año electoral, indicó que debido al trabajo que tienen rezagado, mantendrán el mismo personal, ya que algunas diligencias aún no las realizan, derivado de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que dejó la jornada electoral del 2015 incluida la jornada extraordinaria en Tixtla.
Dio a conocer que se está dando el trámite a la FEPADE ante la PGR, “incluso ya estamos haciendo las imputaciones, los juicios orales en los asuntos que corresponden en la zona Norte, un caso que se presentó en Taxco”, expuso.
Cuestionado sobre la denuncia que hiciera el PRD, contra los consejeros distritales de Ometepec y Tlapa, indicó que el personal del MP de la FEPADE comenzará a notificar a los involucrados con el apoyo del IEPC.
Dijo que actualmente ya les hicieron los llamamientos mediante citatorios “no han acudido y lo que tenemos que hacer es trasladarnos a los distritos judiciales donde tienen sus domicilios para que podamos ejercer las medidas que correspondan”, explicó.
En caso de que no acudieran con las medidas de “apremio”, tendrían que hacerlo con la fuerza pública, “es una medida de apremio que está considerada para nosotros como Ministerio Público electoral”.
Puntualizó que lo único que no deben dejar pasar es que los delitos prescriban para lo cual tienen plazos de por lo menos un año y medio, de los cuales llevan ya más de 6 meses de haber ocurrido. (Notymás)