Gilberto Guzmán
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, calificó como un acto de justicia el operativo instrumentado este domingo para desalojar a quienes invadían viviendas en el fraccionamiento El Mirador –más de 230 que habían sido ocupadas ilegalmente- y dar certeza jurídica a los propietarios, beneficiarios del programa de vivienda para damnificados por las lluvias de las tormentas Manuel e Ingrid en septiembre del 2013 en Chilpancingo.
Explicó que el operativo contó con el respaldo del Gobierno federal y del Gobierno estatal, que encabeza Héctor Astudillo Flores, y tuvo una duración cercana a las doce horas. Además, participaron dependencias como la Policía Federal, la Fuerza Estatal, elementos del Ministerio Público del Fuero Común y Federal, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Notario Público Sergio Olvera de la Cruz.
El funcionario federal destacó que con el operativo se hizo valer la propiedad legal de los beneficiarios sobre las viviendas que habían sido ocupadas ilegalmente, y se garantiza el derecho de familias damnificadas a ocupar un espacio digno para vivir.
Entrevistado durante el desarrollo del operativo, explicó que en El Mirador se han construido 598 viviendas, de las cuales 453 fueron asignadas con base en un censo oficial de la Delegación de Sedatu.
Afirmó que el censo identifica a personas consideradas como damnificados por las lluvias de los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, registrados en septiembre del 2013, y que cuentan con el folio que las acredita como beneficiarios de una vivienda, misma que les fue asignada en el fraccionamiento El Mirador, en Chilpancingo.
Armenta Tello explicó que el día en que la Procuraduría General de la República realizó una inspección en el fraccionamiento, a raíz de una denuncia presentada por la Delegación de Sedatu por el delito de despojo, encontró que de las 130 viviendas que en un principio se habían denunciado, la cifra había incrementado a más de 230 viviendas ocupadas ilegalmente.
Indicó que en el operativo realizado este domingo para devolver las viviendas a los propietarios acreditados legalmente con el censo y el folio de la Sedatu, al revisar las manzanas 6A, 5A, 4A, 2B y 3B, se confirmó la sustitución de chapas en más de 230 viviendas, pero solo se encontró a alrededor de 27 familias ocupando las viviendas en forma irregular.
Mencionó que a invitación de la Delegación de Sedatu, las familias aceptaron retirar sus cosas de las viviendas, porque saben que las están ocupando en forma ilegal.
“Están saliendo por su propia cuenta, sabedores de que se encontraban ocupando una vivienda de manera irregular. Ellos refieren que alguien los había engañado, que alguien les había prestado, que alguien le había pedido que cuidaran la vivienda, pero todos en su caso aceptaron no ser beneficiarios ni ser damnificados, y aceptaron retirarse”, explicó el funcionario.
Agregó que los propietarios legales de las viviendas han mostrado satisfacción con el operativo instrumentado este domingo por la Delegación de Sedatu, apoyada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con el fin de hacer valer la legalidad y que las viviendas sean ocupadas por quienes demuestren tener los derechos.