* Al menos 35 empresarios ya pueden portar armas para defenderse, dijo el dirigente de la Coparmex y anticipó que más podrían obtenerlas
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos dijo que al menos 35 empresarios de la capital ya obtuvieron permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para portar armas de fuego como medida de autoprotección, debido al recrudecimiento de la violencia en los últimos meses, dijo que tan sólo en la capital han secuestrado a 40 empresarios.
Dijo que diariamente hay dos o tres asesinatos en la capital y la situación de violencia no ha mejorado con respecto al año pasado, lo cual ha ocasionado que en dos meses hayan huido 50 familias a causa de la violencia y se han registrados 40 secuestros y el cierre de 40 empresas de la construcción aglutinadas en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMI).
Advirtió que la cifra de autorizaciones por parte de la Sedena seguirá aumentando, porque hay más interesados.
Incluso señaló que hay por lo menos 50 familias completas que han tenido que abandonar Guerrero derivado de la violencia, sin dejar de mencionar a los empresarios que también han tenido que cerrar sus negocios y salir del estado.
En entrevista, después de presentar la Ley 3 de 3 en compañía de otros empresarios, precisó que el sector empresarial “no promueve” la portación de armas pero muchas personas están recurriendo “desesperadamente” a esa medida.
Afirmó que el flagelo de la violencia sigue mermando el sector empresarial y aseguró que el total de negocios ubicados en esta capital apenas está en un 30 por ciento de su operación, “no hay empleo y muchos jóvenes están engrosando la filas de la delincuencia por falta de oportunidades”.
Informó que en los dos meses que lleva al frente de delegación de Coparmex han contabilizado la salida de 50 familias “completas” de Chilpancingo, ante los hechos de violencia y el temor de ser víctimas.
Asimismo, han contabilizado 40 secuestros el cierre de 5 empresas dedicadas a la construcción y aglutinadas en la Coparmex, mientras que de la CMI un total de 40 negocios, según lo anunciado por la propia cámara.
Denunció que el problema de las constructoras no sólo es la violencia, sino también la falta de pago a 120 empresas del estado, quienes participaron en el programa Plan Nuevo Guerrero y construyeron escuelas, carreteras, puentes entre otras obras, tras el paso de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.
Alarcón mencionó que el gobierno estatal “hace su esfuerzo” y conminó al municipal a que se sume a esos mecanismos, sobre todo ante la alerta de que el crimen organizado está secuestrando a infantes como un nuevo método de extorsión. (API/Notymás)