* Para los seis muertos, 43 desaparecidos y 33 heridos, como resultado de los hechos de violencia ocurridos en Iguala, debe haber verdad y justicia, asegura diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez
* Las víctimas de Los Avispones entregan documento con 9 peticiones y denuncian que los gobiernos estatal y federal se acusaron mutuamente sobre no haber hecho nada sobre la infiltración del crimen en la policía municipal de Iguala
Fernando Hernández
El primer encuentro que sostuvieron diputados locales y federales que integran las comisiones especiales para dar seguimiento a las investigaciones en torno a los hechos de violencia ocurridos en Iguala en septiembre del 2014, concluyó ayer con un debate político sobre la petición para entrevistar a los militares que tuvieron conocimiento de los ataques contra normalistas de Ayotzinapa y que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes.
Al encuentro entre los legisladores asistieron sobrevivientes y familiares del equipo de fútbol de Los Avispones de Chilpancingo, que también fueron atacados la noche del 26 de septiembre del 2014 en el autobús en el que regresaban a Chilpancingo.
En la Biblioteca Siervo de la Nación del Congreso del Estado, la diputada federal Araceli Damián González acusó directamente a los sus homólogos Arturo Álvarez Angli (PVEM) y Victor Manuel Silva (PRI), de impedir “mediante estrategia política”, que los soldados del 27 Batallón con sede en Iguala fueran entrevistados por ellos para conocer su versión sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en aquella ciudad.
La versión en contra del diputado guerrerense Álvarez Angli fue secundada por la diputada Marbella Toledo Ibarra, quien dijo que el legislador del PVEM llevó a discusión los acuerdos de una reunión en la que habían acordado entrevistar a los soldados del 27 Batallón, ya contando con la invitación del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Narró que el diputado Álvarez Angli “llevó a la discusión, sabiendo que nos iban a ganar en la votación, y sabiendo que no los íbamos a poder entrevistar, y eso pasó, se cerró la posibilidad de entrevistarlos”.
Se quejó de que los partidos que buscan la verdad “son planchados” por la mayoría del PRI y el PVEM y pierden todas las votaciones.
Toledo Ibarra expresó que los militares del 27 Batallón de Iguala deben ser investigados, y no como un juicio, sino para saber qué fue lo que vieron y conocer su versión de los hechos que ocurrieron en Iguala hace un año y cinco meses.
La diputada criticó que las versiones en el sentido de que las cámaras de videovigilancia de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Iguala estén perdidas, lo cual dificulta las investigaciones en el caso Iguala, además de la falta de investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual afirmó “no tienen ni una sola recomendación por omisión, y se han negado a investigar en ese sentido”.
Reiteró que las grabaciones del C-4 de Iguala no han sido entregadas al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y cuestionó: “¿cómo es posible que se hayan perdido?”.
Ante los señalamientos en su contra, el diputado Álvarez Angli dijo que es “difícil llegar a resultados concluyentes en una Comisión como esta” y explicó que no era necesario entrevistar a los soldados del 27 Batallón, cuando antes ya habían tenido una reunión con el secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, quien les expuso todos los informes y bitácoras con las que contaba, y su propuesta fue “avanzar y respetar la línea de mando que existe en el Ejército, pues si bien es cierta la desconfianza en miembros del Ejército, a nadie beneficia buscar debilitar a una institución como el Ejército”.
Detalló que su propuesta fue dejar de lado esa reunión y avanzar en reuniones como la llevada a cabo la tarde de este día.
Aseguró que la Comisión legislativa no es investigadora y no es su facultad interrogar a nadie, sino dar seguimiento a las pesquisas y dar recomendaciones en los casos en que consideran hay faltas.
Después remató al señalar que hacer señalamientos políticos no concluirá en nada y cerró su participación haciendo alusión al PRD como el partido que impulsó al ahora expresidente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, preso por su presunta responsabilidad en esos hechos.
La diputada local priísta María del Pilar Vadillo Ruiz, además de defender a Álvarez Angli y Victor Manuel Silva, dijo que la reunión de este día dejó tareas legislativas, como la utilización del dinero ilícito para la reparación de daños en caso de las víctimas.
Ejemplificó que si bien el caso de Iguala “tiene nombre y apellidos, y que están presos, creo que sus bienes están intactos… nos dejan como tarea legislativa procurar que los dineros tengan un final, por lo menos más humano, tratando de resarcir los daños”.
Los familiares y víctimas del equipo Avispones acudieron al Congreso local portando un pliego petitorio de nueve puntos, considerando que algunos de ellos deben de ser propuestos como iniciativa de ley, con la finalidad de resolver su caso, pero también beneficiar a las víctimas de violaciones a derechos humanos en el país.
De parte de los diputados encontraron condolencias, compromisos a futuro, y el debate sobre las responsabilidades políticas dentro de la Comisión de seguimiento en el Congreso de la Unión.
La presidenta de la Comisión de diputados federales, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, dijo a los padres de jugadores de Los Avispones que el caso Iguala es una herida que sigue abierta, y señaló que las víctimas no piden ser los olvidados de la noche del 26 y 27 de septiembre. Aseguró que para los seis muertos, 43 desaparecidos y 33 heridos, debe haber verdad y justicia.
Su homólogo de la Comisión del Congreso local, el diputado de MC, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que “la lucha debe seguir para que no haya impunidad y haya justicia”.
Reconoció que hasta antes de la reunión pensaban que el problema mayor era con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, creyendo que los problemas con los miembros de Los Avispones ya habían sido encausados, por lo que se comprometió a “empujar para que el tema siga vivo hasta que haya justicia”.
Entregan documento las víctimas del equipo Los Avispones
Las víctimas del equipo Avispones, entregaron un documento con nueve puntos que consideran deben atenderse para reparar el daño causado por el Estado Mexicano, como lo eran las policías municipales de Iguala y Cocula, y el exalcalde José Luis Abarca Velázquez.
Entre los nueve puntos, reclamaron una reunión con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a quien en distintas ocasiones han buscado para que les informe los avances de las investigaciones en el caso Iguala, porque no aceptan que el ataque al autobús del equipo se haya tratado de una confusión, y por el contrario aseguran que fue una acción premeditada.
También pidieron que sean investigados elementos de la Policía Federal que estuvieron en el lugar de los hechos, “quienes lejos de apoyar a los jóvenes, estuvieron entorpeciendo su auxilio, además que fueron Policías Federales los que retuvieron el autobús de los jugadores antes del ataque, y ninguna dependencia ha hecho algo al respecto”.
Reclamaron que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, no han cumplido con la indemnización como parte de la reparación del daño a familiares de fallecidos y heridos, las cuales debieron ser entregadas en diciembre del año pasado, y el pasado mes de febrero, respectivamente. Y pidieron que un informe sobre la forma en que basan el monto de la indemnización, pues esta es depositada sin considerar el acuerdo de las víctimas.
Como iniciativa de ley, pidieron que el otorgamiento de pase automático a universidades públicas a las víctimas del caso Iguala, pero también a las víctimas de violaciones a derechos humanos del país, con la finalidad de impulsar la superación de cada uno de ellos.
En el último punto solicitan que todos los integrantes que salieron positivos en la prueba de radizonato de sodio sean excluidos de la acusación, “porque como ustedes saben, la forma en que se manejan las leyes en México, esto pudiera traerles consecuencias en un futuro”.
En su turno, la señora Roberta Evangelista Hernández, madre de David Josué García Evangelista, jugador de Los Avispones que murió la madrugada del 27 de septiembre, reprochó que su caso no ha sido atendido por las autoridades igual que ocurre con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Les reclamó a los diputados “¿por qué hasta ahorita?”, luego de un año y cinco meses de los hechos se hacen presentes.
Reveló que tanto el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se acusaron mutuamente de que conocían de la infiltración de la delincuencia en el gobierno de Iguala, pero nadie actuó.
Narró que en reuniones que como víctimas tuvieron por separado con los dos funcionarios, Aguirre Rivero les explicó que muchas veces le había hecho saber al presidente Enrique Peña Nieto de esta situación, pero que el mandatario no le hizo caso; mientras que en otra reunión con el procurador, Jesús Murillo Karam, y el titular de Segob, Osorio Chong, ambos funcionarios aseguraron que “le dijimos (al gobernador Aguirre Rivero) que tuviera cuidado, pero se le salió de las manos”
“Eso nos da a entender que ellos sabían lo que estaba pasando” con la infiltración de grupos criminales en la policía municipal de Iguala, concluyó.