Entusiasmo fallido de aspirantes a la Fiscalía General

 

Felipe Victoria

 

Vivir del ejercicio de la abogacía implica normalmente andar como el pato, que a veces nada y en ocasiones ni agua bebe; por eso muchos litigantes procuran hacerse de igualas con empresas para asesorar y representarlas en casos necesarios.

Aunque la gente se la pasa metiéndose en líos de toda índole: penal, civil, laboral, mercantil, familiar y de otras, a la hora de tener que convertirse en clientes de abogados, no son lo más deseable ni redituable.

Se imaginan quienes solicitan los servicios profesionales de licenciados en Derecho, que no han de pagar renta por el despacho, ni luz, teléfono, impuestos, ni sueldos del personal bajo su mando; que no tienen gastos familiares ni personales y que están donde se encuentran en calidad de beneficencia social, por puro amor a la justicia y las leyes que estudiaron en alguna de tantas Universidades.

Muy clásico entonces el “ayúdeme Lic, y cuando gane mi caso veré cómo le voy pagando sus honorarios, pero no se mande”, como si no existiera una cuota litis de hasta el 30 por ciento máximo del monto del “negocio”; así se dice en el argot respecto a los casos cuantificables en monetario.

Aunque en la práctica bien se dice que “según el sapo es la pedrada”, hay clientes muy jodidos a los que no puede cobrárseles más del mínimo indispensable, por lo menos para compensar gastos de traslado para efectuar las diligencias procesales necesarias y hay otros a quienes puede dárseles más carita la ayuda, porque de todos modos se invierte y gasta tiempo, además de estudio del caso y las estrategias a seguir, se gane o no.

Suena feo pero es una verdad en México: para que a alguien se le haga justicia necesitan concurrir tres factores: 1) que tenga la razón legal; 2) que se la quieran dar y 3) que tenga para pagar por ello.

En los conflictos legales siempre hay parte y contraparte que quieren salirse con la suya, dependiendo de la astucia y habilidad del abogado de que se asesoren.

En asuntos de índole penal la parte acusadora siempre serán las víctimas y el estado representado por el Ministerio Público que ejercita la acción penal y sigue el proceso, apelando por norma a cuanta cosa favoreciera a los acusados.

Litigar es precioso y emocionante, pero pocas veces muy productivo; por eso muchos profesionales buscan buenas chambas en la iniciativa privada, la academia o en dependencias oficiales casi en “lo que sea”. Aunque lo más deseable es incorporarse a las procuradurías como Ministerios Públicos, o enrolarse a hacer carrera judicial en los juzgados o a veces conformarse como defensores de oficio, el problema es que en ninguna de esas ocupaciones hay salarios dignos ni suficientes.

Desde tiempos del vesánico Venustiano Carranza en la segunda mitad de la segunda década del Siglo XX, se pensó en la conveniencia superior de tener agarrados a los empleados de procuradurías y juzgados con malos sueldos, que los obligaran a corromperse y así tenerlos a modo de obedecer consignas  superiores.

Poco se ha hecho en décadas para pagar con más justicia laboral y mejor remuneración a quienes procuran y administran justicia en general, al cabo nunca falta el modo de que se compensen gracias a la comprensión, ¿o complicidad?, de los litigantes a costillas de sus clientes.

Limpiar y desinfectar ese porquerillero institucionalizado en todo el país está peor que en chino, una titánica tarea que le endilgaron en Guerrero al magistrado Robespierre Robles Hurtado y está por decidirse en el Congreso del Estado entre la terna de los abogados Salvador Calleja, Javier Olea y Rogelio Parra, que les propuso el gobernador Astudillo, quien se sacará la rifa del tigre en la ahora Fiscalía General, que está en aguda crisis casi desde siempre, pero peor a partir de  2005

Por mucho tiempo los presidentes de México y los gobernadores fueron quienes a su criterio designaban procuradores o los removían, como con Carlos Salinas que le duraban por ahí de un año, o con Ernesto Zedillo, que por el relajito que le dejaron en la PGR con los demonios sueltos en el PRI, se la dio mejor al PAN para que el “Jefe Diego” Fernández de Ceballos impusiera a un destacado colaborador de su despacho: Fernando Antonio Lozano Gracia, que tuvo los arrestos necesarios para encarcelar al hermano incómodo y al entonces Capo del Cartel del Golfo.

Se antoja entonces que como andan de turbias las aguas en Guerrero, el Congreso se inclinara en la designación del fiscal por  alguien que significara pluralidad democrática, ni relacionado con el fallido PRD en su década de pifias, ni con el PRI que apenas llegó de regreso el 27 de octubre pasado con Héctor Antonio Astudillo Flores.

La mancuerna operativa entre la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia es de alta prioridad para que las cosas puedan cambiar para bien en la entidad: terminar de tajo con el mercado de las injusticias, sin privilegios ni concesiones para nadie.

Ya se verá si congenian y coinciden entre Robespierre Robles Hurtado y quien resulte ser el nuevo Fiscal General de Guerrero, una veintena de aspirantes se quedaron con las ganas.