Palemón Díaz
El Senado de la República, hace unos días, aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se contemplan 276 nuevas obligaciones de transparencia para los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos, así como fideicomisos. También obliga a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal a armonizar la Ley en un año.
Dentro de las discusiones de éste ordenamiento, se aclaró que la información se podía conocer sin necesidad de una solicitud de transparencia porque los datos estarán abiertos y, el “hecho de que la información no se encuentre dentro del catálogo de las obligaciones de transparencia proactiva, no implica que la información no sea consultable”.
Por otra parte, líderes de los diversos partidos políticos de la Cámara de Diputados han aclarado que darán trámite automático al debate de la Minuta del Senado que contiene las nuevas Leyes de Transparencia para procesarlas antes del 15 de diciembre.
Algunos legisladores reconocen que el Congreso incumple con la normatividad de transparencia en el manejo de los recursos públicos, por lo que se comprometieron a empezar por ellos mismos a transparentar todos los recursos que se tienen a disposición, bajo la responsabilidad de los Legisladores.
Otra noticia importante fue que la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de reforma constitucional con la cual se desindexa el salario mínimo para que éste sea desvinculado de la medición de multas, sanciones, créditos y diversos ordenamientos legales, lo que eventualmente permitirá aumentar esta percepción sin ocasionar inflación; además, el proyecto aprobado considera:
– Crear la Unidad de Medida actualizada (UMA) para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes.
– El INEGI calculará el valor de la UMA que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia.
– El valor inicial de la UMA será el del salario mínimo vigente para todo el país al momento de entrada del Decreto ($ 70.00)
– El Congreso deberá emitir una Ley reglamentaria para determinar el valor de la UMA en un plazo no mayor de 120 días.
– Las legislaturas estatales, ALDF y las administraciones de los 3 órdenes deberán realizar las adecuaciones correspondientes en un año. Por ser reforma constitucional que desindexa 2413 disposiciones legales, requiere el aval de al menos 16 congresos estatales.
Aprovecho la ocasión para comentar que he leído el interesante libro de 61 páginas “Ayotzinapa y yo” escrito por el profesor y ex director de ésta institución, Prof. Jaime Solís Robledo en el cual expone con toda crudeza como se vive actualmente en sus instalaciones, donde un comité estudiantil manda y ejerce un férreo control de los alumnos y comete una serie de anomalías que se consideran de suma gravedad.
No cabe duda que con el tiempo la vida en esa escuela ha cambiado, si se compara con la época dorada que alcanzó en la década de los 50, teniendo como director al ilustre educador Profr. Salvador Waller Huesca, quien en sus emocionantes discursos dirigidos a estudiantes y personal docente en el patio central de la institución con motivo de los honores a la bandera, hablaba del amor a la patria, al trabajo académico y agropecuario, a la disciplina y respeto a los profesores y compañeros y de la importancia del aprovechamiento del tiempo. Retormar estos mensajes para llevarlos a la práctica es un reto para las nuevas generaciones.
Por medio del presente me permito enviar mis condolencias al Lic. Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, por el sensible fallecimiento de su señora madre.
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