Isidro Bautista
Ante un estado de Guerrero convertido casi en un barril de pólvora, en donde no hay ni una duda en que su problema número uno es la inseguridad y la violencia, el cargo del fiscal general que todavía ocupa Miguel Ángel Godínez Muñoz debe otorgarse a quien realmente esté en mejores condiciones profesionales y éticas para desempeñarlo.
Lo ideal sería que lo sea alguien ajeno o sin intereses de ninguna índole, menos políticos o de partido, en esta entidad federativa, para que no adopte un papel parcial, o que caiga en favoritismos o encubrimientos, justo cuando ésta tiene un reclamo social de justicia generalizado.
En la convocatoria emitida para el proceso de selección y designación del fiscal se establece incluso como uno de los nueve requisitos el hecho de “no haber sido dirigente de algún partido político ni postulado para cargo de elección popular dentro de los tres años anteriores a su designación”.
Por eso son desatinados los pronunciamientos de asociaciones civiles, como las barras o colegios de abogados, realizados en favor de alguno o algunos de los profesionistas registrados como candidatos por el Congreso local.
¿Cuántos entonces procuradores generales de Justicia no incurrieron en anomalías que pudieron haber sido consideradas hasta como delitos, por tener afectos o compromisos con una lista interminable de políticos, funcionarios, familiares, compadres, representantes de agrupaciones civiles, etcétera, etcétera, o cuántos no tuvieron militancia partidista, en su caso del PRI?
¿A cuántos detenidos y aprehendidos no pusieron en libertad por tratarse hasta de paisanos, hijos de compadres o correligionarios políticos, o sea del mismo partido al que pertenecían?
Una de las razones por las que muchos de dentro y fuera del gabinete de Ángel Aguirre Rivero no querían a Iñaki Blanco Cabrera era el hecho de que éste no hacía caso a infinidad de tarjetas, llamadas telefónicas y visitas personales de quienes se sentían influyentes ante en ese entonces primero procurador general de Justicia y después fiscal general, simplemente porque no lo ataba ningún interés con ellos, por no ser originario ni residente del estado.
Esa misma condición pudiera valer, como ocurrió con él, para ir con más acción penal en contra de la delincuencia organizada por los delitos del ámbito de su competencia, pues al término del encargo pudieran marcharse de Guerrero, sin el temor o zozobra de ser objeto de una posible vendetta, motivo por el que muchos no darían el mismo resultado.
Eso es por cuanto a lo ético, y en relación con lo profesional, lo recomendable sería elegir a quien que tenga más capacidad profesional.
Sin menoscabar a los demás, hay un personaje de nombre Irving Barrios Mojica que más sobresale por su currículum, que todos los aspirantes entregaron como requisito al Congreso del Estado para su registro como candidatos.
Es doctor en derecho, y fue subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, justo abajo sólo del titular de la dependencia, al ascender luego de haber fungido como máximo responsable de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, y como coordinador general de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, director de Asuntos Internacionales y agente del Ministerio Público en la misma institución.
El abogado Barrios, quien es guerrerense de 37 años de edad, por haber nacido en el municipio de Arcelia, pasó además por el Poder Judicial de la Federación como oficial judicial, actuario judicial y secretario de tribunal mediante exámenes de oposición.
Sería estupendo tener un fiscal con relaciones institucionales ante el gabinete federal de seguridad, en el que se encuentra la PGR, por la coordinación, para una mayor eficacia de la tarea ministerial.
Se supone que las cosas no están para improvisaciones ni para jugar o aventurarse con la justicia.
Es necesario seleccionar, efectivamente, a alguien que sea capaz tanto en lo teórico como en lo práctico.
Guerrero acaba de ver salir del cargo a un gobernador con mucha preparación en las aulas, en lo académico, y que en el terreno de los hechos fue una vergüenza, y con ello le fue peor al estado.
Guerrero merece ya otro fiscal a la altura de los desafíos de nuestros días.
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