Necesaria crónica de impunidades
Felipe Victoria
Como en la rueda de la fortuna, tan se está arriba como abajo y son raros a los que siempre les va muy bien.
Entre las mayores decepciones es darse cuenta de que se esfuerzo en vano predicando en el desierto, pues nadie le cambiará el modito de andar a los demás.
La relativa ventaja –que no consuelo— es que muchas de las cosas que me han marcado las dejo escritas y publicadas en diarios impresos, revistas y mis novelitas incómodas, cuando no comentadas por la radio.
Alguien me dijo en septiembre del 2012 que parecía “cronista del narco”, obviamente le repliqué que más bien sería yo cronista pero de la impunidad en el Estado de Guerrero, a partir de la observación constante de los acontecimientos en que la entonces todavía Procuraduría General de Justicia estatal, hacía barbaridades o dejaba de cumplir su misión institucional y legal.
Jamás olvidaré cuando mi amigo, maestro y jefe Don Abraham Antonio Polo Uscanga me comisionó a las pesquisas de un asunto delicado en Iguala, donde asesinaron a un compañero del Ministerio Público, fue así como conocí y traté por vez primera al procurador José Rubén Robles Catalán.
Pero además, desde octubre de 1986, cuando gobernaba ya de salida Don Alejandro Cervantes Delgado, desde una dependencia federal seguían muy de cerca el caso de la niñita del Fraccionamiento Costa Azul de Acapulco, secuestrada, ultrajada y asesinada por un junior millonario, al que la honestidad y valentía del entonces Juez Cuatro Penal, Manuel Añorve López, impidió que mediante sobornos quedara liberado indebidamente y junto con su mozo les dictó inmediato auto de formal prisión.
En abril del 87 asumió el poder José Francisco Ruiz Massieu, a quien le indignaba el caso en especial y, peor aún, cuando un famosísimo penalista sobornó a dos magistrados guerrerenses y a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que le vendieran en medio millón de dólares un Amparo.
Ruiz Massieu contrató los servicios del bufete del ex gobernador igualteco Xavier Olea, en la Colonia Del Valle, D.F., para que con sus dos hijos abogados fueran coadyuvantes de los padres de la menor victimada.
Años de lucha judicial persiguiendo al penalista truculento y al Ministro de la Corte, en el inter lograron la encarcelación por complicidad de un hermano del que la prensa bautizó como El Chacal de Acapulco.
Terminó el periodo de Ruiz Massieu en marzo de 1993 y lo nombraron director del INFONAVIT, pero no quitaba el dedo del renglón con su equipo de abogados e investigadores, pues por alguna no extraña razón la PGR tenía congelada y perdida la averiguación previa.
El 6 de marzo de 1993 me publicó EDAMEX la novelita “Justicia sin Ley”, que comentó en su presentación la actriz Carmen Salinas Lozano y le caló profundo al entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo McGregor, quien autorizó que desenterráramos el expediente y reactiváramos la búsqueda del penalista y el Ministro hasta en el extranjero.
El equipo del ex gobernador igualteco dio con el togado en San Diego, California, y el 12 de octubre de 1994 con el penalista en su negocio inmobiliario de San Antonio, Texas, donde se encontraba Manuel Muñoz Rocha tras el asesinato contra José Francisco el 28 de septiembre, como le constó al cónsul mexicano Hernández Haddad.
Días después, preso ya el penalista inmoral, los poderes en México cambiaron y fue liberado, negociando quizá la información que manejaba sobre las muertes de Colosio y del propio Ruiz Massieu, relacionadas en el fondo con la urbanización y comercialización indebida de terrenazos inundables en la zona diamante.
De ese y otros tamaños he observado algunos manejos muy extraños en la procuración de justicia guerrerense desde entonces, pero hablar aquí de lo que les duele a quienes perdieron la vergüenza como abogados, es peligroso.
Busca ahorita el nuevo gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, que es abogado y no contador ni economista, darle un giro necesario saneando la procuración y administración de justicia en el estado; materias en que es abundante e infamante el archivo muerto de casos proditorios muy sonados, que se dejaron al olvido por conveniencias políticas del momento, disimulando y simulando investigaciones que jamás quisieron concretar o no dejaron hacerlo a los respectivos procuradores.
Ese “uso y costumbre” reventó con el suceso de Iguala y Cocula, en septiembre de 2014, por tergiversar los hechos y fabricar “verdades históricas” a modo.
Estamos casi a punto de que se comience a dar esa necesaria transformación profiláctica; en cuanto a la administración de justicia ya quedó a cargo del Tribunal Superior Robespierre Robles Hurtado, ahora falta conocer a quien con muchos espolones colocan en la Fiscalía General.
Mientras me quede vida y salud suficiente seguiré observando y haciendo la crónica novelizada, porque la historia formal y académica no debe escribirse simultáneamente, ni sin apoyos o garantías.